Afectados por la erupción reclaman la creación de un consorcio donde estén implicados todos los agentes
La Plataforma de Afectados por el Volcán de Cumbre Vieja 2021 participó el pasado 17 de marzo en el Parlamento de Canarias donde solicitó a los diputados de las islas la creación de un estatuto jurídico de los derechos fundamentales de los afectados. El portavoz Juan Morín asegura que no se están teniendo en cuenta los derechos, «por lo que es importante atenderlos y planificar sobre ellos, para que con ello surja un consorcio».
De esta manera, en esta ley se explican todos aquellos derechos que llevan consigo la creación de un consorcio donde estén implicados los técnicos de todas las instituciones y plataformas de afectados, para agilizar las demandas y priorizar las actuaciones. Así, el presidente explica que «se trataría de contar con un plan que ha sido elaborado por todos los agentes, que sería transparente y seguro».
Y es que Morín, en una entrevista en Onda Cero La Palma, argumenta que «a muchos no les interesa poner en marcha este consorcio porque es poner a trabajar a los técnicos junto con las personas afectadas, donde se tanga un plan, una participación efectiva de todos los actores de esta problemática».
Explica que no interesa porque «aquí donde van a trabajar es los técnicos y los políticos no van a tener protagonismo alguno. Con lo que se consigue con este consorcio es quitarles trabajo a estos políticos y hacer las cosas de manera rigurosa y técnica, con las cosa claras».
Borrador sobre la recostrucción
Además, el propio portavoz añadió en la entrevista que el borrador sobre la recostrucción de La Palma, que previsiblemente estará listo en mayo, «se está empezando mal porque no contempla las demandas o la voz de los afectados», donde sería pieza clave este consorcio.
Asegura que no se ha preguntado a las personas que se han visto afectadas sobre cómo quieren la reconstrucción de su suelo perdido: siguen dudas de cómo serán las nuevas viviendas, si se podrá construir sobre lava, si se puede construir en otro municipio, entre un largo etcétera.
Morín demanda que se debe estudiar caso por caso porque «cada uno tiene una casuística diferente, donde se deben contemplar la pérdida de la vivienda habitual, la vivienda vacacional, los comercios, las finas».
También recuerda el portavoz que no han llegado las ayudas a los alquileres, la de los enseres o la prometida de los bonos de la gasolina. «Hay un decreto que se hizo al principio y que todavía no ha llegado, donde la ayuda para el alquiler es un máximo de 590 euros y tampoco sirve para aquellos que pagan entre 800 y 1.000 euros», contempla.
