“Ante la Audiencia Provincial defendemos que hay indicios muy sólidos de delito por no evacuar antes de la erupción”

El abogado José Antonio Tuero, del prestigioso despacho Martínez- Echevarría y representante legal de la asociación Tierra Bonita en la querella criminal por la gestión de la catástrofe volcánica de 2021 de La Palma, afirma no comprender la “falta de voluntad” del Juzgado de Los Llanos de Aridane en abrir una investigación para esclarecer los hechos pese a que existen “indicios muy sólidos de la comisión de un delito” al no evacuar a la población antes de una erupción que era inminente. “Pudiera haber intereses en que esto no se investigue”, se queja.

En este sentido, Tuero espera que la Audiencia Provincial, ante la que ha recurrido esta inadmisión, ordene reabrir el caso, y se investiguen estos indicios que apuntan a que no se cumplió con el principio de precaución al no alejar a la población del peligro y, por tanto, se cometió “una negligencia delictiva” que provocó que muchas personas pusieran su vida en grave riesgo y no pudieran salvar enseres, objetos personales y animales.

Así se expresa en esta entrevista concedida al diario solidario ELVALLEDEARIDANE.COM, editado por la asociación Tierra Bonita gracias al libro benéfico Las otras historias del volcán.

 -Prácticamente todas las asociaciones y plataformas de afectados por la erupción han criticado que se le den premios a la gestión del PEVOLCA porque no hubo evacuación antes de la erupción, lo que les expuso a un riesgo grave para sus vidas y no pudieron salvar enseres, objetivos personas ni animales. ¿Qué le parece esta reprobación casi unánime?

“Me parece revelador que todos los afectados unánimemente discrepen de que se merezca este reconocimiento la gestión del plan de emergencias. Además, es acertado porque entendemos que esa gestión no solo ha sido desastrosa sino que, en nuestra opinión, ha sido incluso delictiva”:

-La entonces portavoz del comité científico del PEVOLCA, María José Blanco (IGN)  manifestara ante el Parlamento canario que un día antes de la erupción todo ese comité estaba de acuerdo en que la erupción sería «inminente» y, por tanto, según el plan referido eso implicaba para las autoridades subir el nivel de alerta de amarillo a naranja, lo cual no se hizo; pero al día siguiente, ante el revuelo ocasionado por estas declaraciones, se retractara diciendo que todo se hizo de común acuerdo entre científicos y políticos? Posteriormente acabaría declarando en prensa que no había tal inminencia.  ¿Qué opinión le merece ese cambio de versión?

“Para nosotros es muy sospechoso, desde luego, que una persona diga una cosa y después otra totalmente diferente. Y que rectifique una primera versión que acarrea que determinadas tomas de decisiones no se llevaron a efecto, es decir, la evacuación de la gente con anterioridad a la erupción,  con lo que ello supone que incluso se podrían haber salvado no ya vidas, porque afortunadamente no hubo ninguna pérdida de vida humana, pero sí animales, bienes materiales, bienes de la gente que tenía en casa. Para nosotros es verdaderamente muy sospechoso”.

-El Gobierno de Canarias en la pasada legislatura denegó a los afectados y a los medios de comunicación las actas y grabaciones de las reuniones del comité científico del PEVOLCA argumentando que carecen de relevancia pública. ¿Qué opinión le merece a usted que a estos documentos se les dé poco menos que tratamiento de secreto de Estado?

“Para empezar, es revelador que ignoren lo que establece la Ley de Transparencia, que básicamente le reconoce a todos los ciudadanos el acceso a la información pública y permite que cualquier persona pueda acceder a esa información y solicitarlo de la Administración. Y luego, además, efectivamente, no tiene sentido, ¿por qué no revelar lo que se dijo en esas reuniones? ¿Por qué no poder conocer  esas deliberaciones, las actas y las grabaciones? ¿Qué es lo que se comentó que no se puede divulgar? Esta negativa incrementa más, si cabe, las sospechas, lo que, unido a todo lo que venimos denunciando, nos hace creer que efectivamente ha habido una negligencia absolutamente inexcusable por parte de la de las personas encargadas de la gestión de esta emergencia volcánica”.

-Si, como afirmó la portavoz el comité científico, la citada María José Blanco, tras rectificar su primera versión, la controversia unas horas antes en ese comité fue que la erupción podría comenzar en horas o en días, ¿le resulta sorprendente que las autoridades tomaran como referencia el riesgo de que ocurriera en el plazo mayor (días), despreciando el plazo menor (horas), que fue el que efectivamente se cumplió? 

“El principio de precaución obliga a ponerse en la peor tesitura y precaverse ante la peor situación posible. Si posteriormente la situación no es tan mala como se preveía, bueno, pero no ocurre nada. Peor en este caso se hizo lo contrario: podía ocurrir erupción inmediata y no se tomó ese plazo como referencia, cuando lo que se debió fue adoptar las medidas adecuadas de evacuación de las personas y  los animales en el plazo más corto, es decir, ponerse en la peor de las situaciones posibles. Es lo que requiere aplicar el principio de precaución”.

-¿Cuál es en este momento el estado de la querella presentada por ustedes en nombre de Tierra Bonita?

“Como ya se ha informado, la querella ha sido inadmitida en el Juzgado de Instrucción de Los Llanos, pese a todos los indicios y pruebas que se han aportado. La inadmisión se ha tomado bajo unos argumentos que para nosotros no tienen cabida, ni tienen tampoco demasiado sentido, como por ejemplo el hecho de que no se conoce a los afectados, de que no se ha podido identificarlos, cuando hay un registro público de la propia Administración que efectivamente contempla e identifica a todos y cada uno de los damnificados. Otro de los argumentos del Juzgado es que la asociación que formula la querella no es perjudicada cuando precisamente es una asociación de afectados. Es decir, se nos dan una serie de argumentos que, nuestro juicio,  tienen poco peso para desestimar la querella, pese a los indicios de la comisión de un delito que aportamos, y que estimamos que son suficientes para interponer una acción penal y que se abra una investigación. Porque entendemos que ha habido, como mínimo, una negligencia muy importante, una negligencia delictiva que apunta a que se han generado por ello una serie de daños a los bienes de esas personas”.

-¿Le sorprendió que la jueza no abriera investigación para aclarar los indicios que se aportan en la querella y que la Fiscalía tampoco lo apoyara?

Claro porque, insisto, hay múltiples indicios y pruebas. Y además, una de las pruebas que se solicita recabar son precisamente esas actas y grabaciones del PEVOLCA que la Administración no quiere dar a conocer, y donde se podría comprobar fácilmente si hay o no una negligencia por parte de la Administración. Así que nos ha sorprendido por un lado que no se tenga voluntad de investigar y por otro no nos ha sorprendido, porque conocemos que efectivamente, aquí hay muchos intereses por parte de determinados órganos de que  esto no trascienda y no llegue a los medios de comunicación”.

-¿En qué consisten, grosso modo, los principales argumentos del recurso ante la Audiencia Provincial?

“Pues básicamente nosotros atacamos esos argumentos que nos da el Juzgado de Instrucción de que no se dan los requisitos, pues nosotros entendemos que sí, precisamente porque, como incidimos en el recurso, hay unos indicios muy sólidos de que efectivamente se han cometido unos hechos que, a nuestro juicio, son delictivos, y que calificamos como delito de daños y como prevaricación, por la no adopción de las medidas que se debieron de tomar antes de la erupción. Reitero que consideramos que esos indicios son suficientes para la admisión a trámite y que se empiece a investigar”.

-Varias decenas de afectados han presentado ante el Juzgado de Los Llanos escritos de denuncia en los que aportan su testimonio y datos de los enseres y animales que no pudieron salvar por no ser avisados con antelación pese a la inminencia de la erupción, pidiendo además adherirse a la querella penal. ¿Qué importancia tienen estas acciones legales?

“Creemos que tiene bastante importancia, por la legitimación que tienen estas personas, no tanto procesal, sino incluso legitimidad moral, ya que son los propios afectados los que están intentando averiguar  lo que ocurrió, por qué no se adoptaron las cautelas que debieron de adoptarse. A nosotros nos  congratula que haya afectados que den ese paso, y cuantos más se quieran sumar a este querella, mejor. Aunque ha sido inadmitida en primera instancia, está, como he comentado, recurrida ante la Audiencia Provincial”.

 -¿Qué opinión le merece que el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) publicara en la revista del Consorcio de Seguros en diciembre de 2021 un artículo firmado por 23 científicos en el que argumentaban cómo advirtieron al Ejército y a las autoridades civiles del PEVOLCA de que la erupción iba a producirse en 24 horas; y cuando una asociación de afectados, 15 meses después, puso el foco en ese artículo, el IGME ordenó retirarlo porque afirman que lo publicaron ellos mismos con errores y hechos que no sucedieron?

“Sin ninguna duda es otro hecho que incrementa las sospechas. Aquí hay una serie de intereses políticos… y vemos como gente que dice una cosa después, cuando tienen conocimiento de que se van a iniciar acciones penales, pues se desdicen de lo que han dicho con unas excusas que, en el caso del IGME, son peregrinas. Todo eso solo nos lleva a creer  que tenemos razón y que se ha producido una negligencia grosera en la no adopción de determinadas medidas antes de la erupción. Llama poderosamente la atención que con todos los informes que había, el semáforo pase de amarillo a rojo sin haber pasado siquiera por el naranja. Hay indicios de que diferentes organismos informaron de la inminencia de la erupción y  pese a ello no se toma ninguna medida. A nosotros nos parece de una gravedad extrema que una institución científica diga una cosa y luego otra diferente”.

-¿De qué manera influye la vía penal en las reclamaciones patrimoniales de los damnificados, teniendo en cuenta que todas las Administraciones públicas se aferran, unas,  a que no tenían competencias, y otras, a que se trató de una causa de fuerza mayor y, por tanto, no cabe dar indemnizaciones? 

“En la reclamación patrimonial de la Administración el procedimiento se inicia en vía administrativa y posteriormente,  si la solicitud no es estimada, se va a un contencioso administrativo en el que hay que  aportar las pruebas o hay que decir dónde están las pruebas para que se predique por parte de un tribunal que existe una responsabilidad de la Administración. Pero si la Administración no facilita esas actas y grabaciones de las deliberaciones del PEVOLCA, ignorando la Ley de Transparencia, para que el administrado pueda defenderse, lo que se está protegiendo es de esa negligencia.  No ya en ámbito penal, que a nosotros nos llama poderosamente la atención el por qué no se quiera investigar, sino que también nos parece llamativo que en vía contenciosa no se le permita a los afectados probar esa negligencia”.

 

-¿Qué es lo más que le ha sorprendido de los hechos relatados en la querella desde un punto de vista jurídico? ¿Y desde el punto de vista humano?

“El hecho de que no se quiera iniciar una investigación penal con la cantidad de afectados que hay y con tantos daños, incluidos los psíquicos, que sufren los damnificados. Esto me ha sorprendido, desde el punto de vista jurídico, para mal. Luego, evidentemente podemos hacer como los romanos: preguntarnos, Cui prodest, es decir, ¿quién se beneficia de esto? Y entonces hallaremos por qué no se ha iniciado esta vía penal. Y desde el punto de vista humano, lo que más me ha sorprendido, gratamente, es la colaboración que se ha generado entre los propios afectados, su unión en asociaciones, y que, efectivamente, todos están convencidos de que se ha producido una negligencia, y que a ellos no les no les valen las explicaciones que se ha dado los órganos políticos y Administración”.