Se va a cumplir un año del día en el que se abrió Cumbre Vieja y todo cambió para siempre. Un año en el que hemos tratado de asimilar la enorme grieta que el volcán ha dejado no solo en la tierra, sino en las vidas de mucha gente. La Villa y Puerto de Tazacorte siempre ha sido un pueblo fuerte y luchador ante las adversidades -hemos superado muchas a lo largo de nuestra historia-, pero esta que venimos afrontando desde aquel fatídico 19 de septiembre es, sin duda, la más dura.
El volcán se llevó por delante, en todo el Valle de Aridane, 1.628 construcciones. De ellas, 1.304 eran viviendas, 179 cuartos de uso agrícola, 74 fabricas y naves industriales, 40 negocios de ocio y hostelería, 15 colegios, templos y espacios de uso público. Más de 2.300 personas fueron afectadas directamente por el daño causado por las coladas.
En el municipio de Tazacorte las consecuencias han sido catastróficas. Un 62% de nuestro territorio quedó afectado por la erupción al quedarse incomunicado el sur del municipio, donde un 33% de suelos ha sido totalmente sepultado por la lava, que arrasó con 257 edificaciones, de las que 147 eran viviendas. En infraestructuras de caminos y servidumbres desaparecieron 20 kilómetros lineales, afectando al sistema de abastecimiento de agua potable, saneamiento, red de suministro eléctrico y red de regadío.
Sin duda, el mayor problema que ha generado la catástrofe en los tres municipios afectados es el habitacional. A día de hoy, el Gobierno de Canarias ha hecho entrega de 81 viviendas y su objetivo es llegar a 104, a las que se suman otras 80 casas modulares que el Gobierno prevé terminar de instalar en los próximos meses.
En Tazacorte, el Ayuntamiento ha apostado por dar respuesta a los damnificados de una manera definida en cuanto al problema de la habitabilidad. Para ello, se ha hecho un esfuerzo económico importante en la compra de suelo por un valor de 900.000 € que se ha cedido al Gobierno de Canarias para la construcción de 137 viviendas a corto plazo.
Porque en una catástrofe como esta, los plazos son importantes. El paso del tiempo convierte las certidumbres en incertidumbres y la esperanza en desilusión y desesperación. La reconstrucción de La Palma necesita – no me cansaré de repetirlo- dinero y certidumbres y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas que tienen las competencias y tienen los recursos.
El otro gran reto que hemos tenido que afrontar es la reconstrucción de infraestructuras públicas. En el municipio de Tazacorte, solo la reconstrucción las vías y el restablecimiento de los servicios públicos de suministro en los barrios de Cabrejas, El Paraíso, La Costa, Las Norias, La Bombilla y la zona agrícola de Las Hoyas necesita de una inversión de 7 millones de euros.
El convenio que el Ayuntamiento ha firmado recientemente con el Ministerio de Política Territorial garantiza que el Estado aportará 3,5 millones de euros, es decir, el 50% del presupuesto necesario para reconstruir el sur del municipio. Pero es del todo imposible que un ayuntamiento como el nuestro, con un presupuesto anual que está en torno a los 6 millones de euros, pueda hacer frente al otro 50%, por lo que nos hemos visto obligados a pedir auxilio económico a otras administraciones supramunicipales. En esta injusta situación están todos los ayuntamientos afectados por la erupción.
En este balance que todos debemos hacer cuando se cumple un año de la catástrofe, toca poner en el lado positivo de la balanza el avance de las obras del Cabildo y de los gobiernos de Canarias y de España para recuperar la conectividad del Valle, aunque aún queda mucho trabajo por hacer, y las compensaciones económicas que, aunque pocas e insuficientes, han ido llegando a una parte de los afectados.
En el lado negativo de la balanza está la realidad de las personas: las familias que aún siguen alojadas en hoteles; las viviendas provisionales que tendrían que haber sido una solución de emergencia, pero que aún siguen sin entregarse; la falta de ayudas para que los afectados tengan la oportunidad real de reconstruir lo que se llevó la lava; la escasa atención a la salud mental y la falta, en suma, de certidumbres debido a lentitud con la que llegan las soluciones a problemas que son urgentes y por la acumulación de promesas incumplidas.
Queda mucho por hacer, mucho que reconstruir. La Palma necesita un plan de futuro que ya debería estar sobre la mesa porque el proceso de recuperación llevará años y debe estar planificado y orientado a un objetivo muy concreto: la isla que queremos ser no se puede improvisar y nuestro futuro está por encima de los colores políticos. No me cabe duda de que saldremos de esta, pero no podemos perder ni el tiempo ni las esperanzas.
David Ruíz, alcalde de Tazacorte