El Diputado de común en La Palma continúa con su desamparo hacia los damnificados

 

El pasado 7 de noviembre se convocaba a los afectados de Puerto de Naos y La Bombilla, a  mantener una reunión con D. Rafael Yanes Mesa, como resultado de los escritos dirigidos  desde los habitantes de estas zonas costeras, donde se le exponía el abuso de poder y el  desamparo que sufren por permitir la entrada a estas zonas excluidas a todo tipo de personal  con absoluta libertad y de ninguna forma y libremente a los propietarios. 

A la espera de la confirmación de esta reunión con pocos vecinos como solicitaron desde su  despacho, la confirmación de la mencionada no llegó por ninguna vía. 

Llegando el día 7 de noviembre y contactando su despacho para que se hiciera efectiva esa  reunión, con medios de comunicación convocados. 

Desde La Plataforma, expusimos que como en una primera conversación con su despacho, la  reunión debía ser confirmada y a puerta cerrada con el Defensor del Pueblo, dado que un circo  mediático no era necesario para reiterar las peticiones en persona, que anteriormente habían  sido expuestas de forma individual por vecinos y propietarios de Puerto Naos Y La Bombilla. 

Una de ellas a exponer, que, si tan letal muestran las medidas de los gases de CO2 que difunde  el Cabildo de La Palma, porque, y de forma continua accede todo tipo de personal sin ningún tipo de protección ni prueba médica cada día de una gasometría arterial que mide en este caso la cantidad de monóxido de carbono presente en la sangre. 

Han pasado dos semanas de la petición de volver a esa reunión que no se llevó a cabo, según  manifiestan desde su despacho, por un mal entendido que todavía no entendemos. 

Una vez más, se comprueba desde esa Plataforma, que para el Alto Comisionado del  Parlamento de Canarias, encargado de la defensa de los derechos fundamentales y libertades  públicas de los ciudadanos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, no es  prioritario la defensa de los derechos y libertades constitucionales de estos vecinos que piden  amparo y supervisión de las actuaciones de las administraciones públicas que gestionan de  forma incorrecta esta emergencia, aunque así lo establezca la ley y deba llevarse a cabo  “escuchando al pueblo” y “actuando”.