El Parlamento de Canarias exige a Sánchez cambiar la Ley de Vivienda y aprobar ya la Ley Antiokupas
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en la que se exigía al Gobierno de Pedro Sánchez modificar la Ley estatal de Vivienda y tramitar ya la Ley Antiokupas del Partido Popular que lleva más de un año bloqueada en el Congreso por el PSOE y sus socios.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón, responsable de la iniciativa mostró su preocupación por la constante alza de la lacra de la ocupación ilegal de viviendas en Canarias y recordó que en el Archipiélago se ocupan dos viviendas cada día “porque para Pedro Sánchez y para el PSOE, la ocupación les resulta un asunto meramente anecdótico”.
“En Canarias, reveló la diputada popular, cada 13 horas se ocupa una vivienda. Hoy, al término de esta sesión plenaria, dos hogares han sido ocupados ilegalmente. Dos familias más condenadas a la incertidumbre, al miedo y a la impotencia, y a sufrir el injusto daño económico”.
Reverón advirtió que en los últimos 7 años se han okupado más de 4.000 viviendas en las islas hasta el punto de que solo en 2024 se ocuparon ilegalmente en Canarias “más casas que nunca mientras el partido socialista mira para otro lado” y lo hace, prosiguió la diputada del PP, “porque han tejido un tinglado ideológico que protege al ilegal y castiga al legal, que ampara al ocupa y abandona al propietario”.
“No puede ser que en España hoy, quien ocupa ilegalmente una vivienda tiene más garantías que su legítimo dueño. Y esto no es un fallo del sistema: es el resultado de un modelo que ha convertido el oportunismo ideológico en política de Estado”, manifestó.
En este sentido, recuerda que el acuerdo alcanzado en el pleno del Parlamento para exigir al Gobierno de España la tramitación de la ley Antiokupas permitiría el desalojo de la vivienda en 24 horas, voluntariamente desde que es requerido por la autoridad. Si no se hace voluntariamente, transcurridas 24 horas, se puede efectuar el desalojo de forma forzosa. También se impide que los okupas se puedan empadronar en la vivienda okupada e incrementa las penas previstas, entre otras medidas.
Por último, Reverón defendió que las administraciones públicas deben dar solución a la falta de viviendas y atender las necesidades de las personas y familias vulnerables, “pero sin poner en riesgo la defensa de la propiedad privada ni fomentando la ocupación de los bienes de otros ciudadanos”.
