El PP señala a la ley de vivienda estatal como  la principal responsable de la caída del  mercado del alquiler en las islas

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, constata que desde su aprobación en 2023 la oferta ha caído un 40% y los precios han subido un 24% y “cada día es más difícil obtener una vivienda a precios asequibles y la oferta de alquileres se ha reducido por desincentivar a los arrendadores”

foto: Onda Cero La Palma

El presidente del Grupo Parlamentario Popular, Juan  Manuel García Casañas, señaló a la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada  en 2023 por el gobierno de Sánchez, como la principal responsable de la caída  del mercado del alquiler en las islas. “Una ley -dijo- intervencionista que genera  indefensión al no tener en cuenta cómo afecta a los pequeños propietarios que,  en definitiva, son los que tienen el grueso del parque inmobiliario”. 

Casañas, que solicitó en el último pleno la comparecencia del consejero de  Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias para informar  sobre la evolución del mercado inmobiliario en las islas, señaló que el  Archipiélago ha sido la comunidad “más perjudicada por esta normativa con un  desplome de la oferta de alquiler residencial un 9% mayor que la media  nacional”, según un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones  Inmobiliarias. 

“Desde su aprobación en 2023, la oferta en Canarias ha caído un 40% frente al  31% registrado en el resto del Estado y los precios han subido un 24% y cada  día es más difícil obtener una vivienda a precios asequibles y la oferta de  alquileres se ha reducido por desincentivar a los arrendadores”, añadió. 

Para el diputado popular, “ante la indefensión que genera esta ley  intervencionista”, gran parte de los propietarios en Canarias ha optado por  vender sus inmuebles, retirarlos del mercado o sumarse al negocio de la  vivienda vacacional. 

“De esta forma, si la oferta de vivienda ya era escasa en el Archipiélago, ahora  se ha reducido muchísimo más y, por ende, los precios se disparan,  principalmente en las capitales autonómicas como demuestra que, en los 10  meses de vida de la ley estatal, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de  Gran Canaria los costes de la vivienda han aumentado en un 16,3%”, agregó  Casañas. 

Por este motivo advirtió al consejero que, como ya ha ocurrido en otros lugares,  la declaración de mercado residencial tensionado que han solicitado algunos  ayuntamientos gobernados por el PSOE tendrá dos consecuencias inmediatas.  “En primer lugar, -manifestó- hará que los propietarios de la zona retiren sus  pisos del mercado del alquiler para evitar los topes de los precios y en segundo  hará que suban los precios en las zonas de alrededor”. 

Por último recordó que, frente al fracaso de las políticas de vivienda del PSOE  que ha sido incapaz de construir las 6000 viviendas prometidas por Torres ni las  183000 anunciadas por Sánchez; este Gobierno en apenas nueve meses ya ha  aprobado un Decreto ley de Vivienda que contempla múltiples medidas para que  cada municipio adopte las que considere que más se ajustan a su realidad para  dar respuesta a la emergencia habitacional”, concluyó.