El PP urge al Gobierno a sentarse con el sector para evitar la paralización de la obra pública en Canarias

La diputada del Grupo Parlamentario Popular,  Australia Navarro, urgió hoy al consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias  a sentarse con el sector para evitar la paralización de la obra pública en las  Islas. “El Ejecutivo de Torres está tardando en convocar una mesa en la que,  además del sector, se sienten todas las administraciones públicas para buscar 

un mecanismo que propicie la revisión de los precios en estos contratos”,  señaló. 

Tras preguntar en comisión parlamentaria por las medidas puestas en marcha  para la actualización de los precios en las licitaciones públicas, aseguró que “ya  ha quedado suficientemente claro que ninguno de los decretos del Gobierno de  Sánchez con los que se pretendía corregir esta situación ha funcionado”. 

“Como mínimo, la legislación debería permitir el restablecimiento del  equilibrio económico de los contratos públicos y tener en cuenta la posibilidad  de arbitrar un mecanismo que permita establecer una indemnización o  compensación para los contratistas por los daños

  aumento del precio de las materias primas y del retraso anormal en el  suministro de materiales”, expuso Australia Navarro. 

La diputada popular insistió en que “la inacción de la administración no puede seguir perjudicando la reconstrucción de nuestras islas, impidiendo la creación  de empleo, la activación económica y un funcionamiento normalizado de  nuestro sistema productivo”. 

En este sentido recordó que a los incrementos de costes acumulados durante la  pandemia se ha sumado una subida adicional del 23,5% en edificación  residencial con la guerra de Ucrania, según refleja el Índice de Costes Directos  de Construcción. “Este alza de los costes ha dejado desiertas, en lo que va de  año, al menos 200 licitaciones de obras públicas en las islas y más de siete  millones en el aire. Una situación que está poniendo en jaque al sector”. 

“No solo estamos ante el problema de empresas que no optan a las licitaciones  sino que también afecta a multitud de empresas que, habiendo sido  adjudicatarias de un contrato, al intentar dejarlos ante la imposibilidad de cubrir  los sobrecostes y el rechazo de las administraciones de asumirlos se  encuentran encima con multas del 3% del importe de la obra”, finalizó.