El PSOE apuesta por un proyecto de ley que establezca un tributo turístico en Canarias para un reparto “más justo” de la riqueza y que se cumpla con la Agenda 2030

El Grupo Parlamentario Socialista presenta en el Pleno de la Cámara regional una Proposición No de Ley (PNL) para la implantación de un tributo a las estancias turísticas en Canarias de carácter finalista, con el que se contribuya a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y se mejore la sostenibilidad del territorio

El Grupo Parlamentario Socialista ha defendido este miércoles [24] en el Pleno de la Cámara regional una Proposición No de Ley (PNL) rechazada por las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno canario, para que se apruebe un proyecto de ley que se tramite por el procedimiento de urgencia y que incluya la implantación de un tributo que grave las estancias turísticas con recaudación finalista.

La propuesta, defendida por el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, tiene como objetivo “gravar la presión añadida que ejercen quienes nos visitan sobre el territorio, los recursos y las infraestructuras públicas, no al residente que ejerce un turismo entre islas que permite que los canarios y canarias conozcan su territorio. No es un tributo que pretende gravar la actividad turística en sí, sino la sobrepresión sobre los recursos naturales y las infraestructuras públicas que ejercen las personas que no residen en Canarias”.

También se intenta lograr un “reparto más justo” de la riqueza que genera el sector turístico en las islas, contribuir a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, así como mejorar la sostenibilidad de del territorio.

En la iniciativa, donde se incluyó una enmienda transaccional junto a Nueva Canarias, se insta al Gobierno de Canarias a establecer de forma inmediata, a través de un proyecto de ley, que se tramite por el procedimiento de urgencia en el Parlamento canario, un tributo de carácter finalista que grave las estancias en los alojamientos turísticos de las personas físicas no residentes en las Islas, incluyendo las viviendas vacacionales.

El objetivo es lograr un reparto más justo de la riqueza que genera el sector turístico del Archipiélago, y cuya recaudación se destine preferentemente a promover la mejora y rehabilitación de las infraestructuras públicas en las zonas turísticas, incluyendo la descarbonización y digitalización del sector, junto con la preservación y recuperación de los espacios y recursos naturales, del medio rural y agrario y la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y natural, contribuyendo de esta manera a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

En la propuesta socialista se recuerda que el turismo es el principal motor de la economía canaria, y que, tras el cero turístico que sufrió el Archipiélago provocado por la pandemia, en 2023 ya se recuperaron y mejoraron los indicadores económicos del subsector.

En este sentido, se refieren a la Encuesta sobre Gasto Turístico elaborada por Promotur Turismo de Canarias, que refleja que el Archipiélago alcanzó en 2023 los 14,1 millones de turistas extranjeros, lo que supone un 6,3% más respecto al 2019, año en el que visitaron Canarias 13,27 millones de turistas.

Ese incremento del número de visitantes supuso que la facturación turística pasara de 14.903 millones de euros en 2019 a 19.565 millones de euros en 2023, un 31,3% más, y que el gasto por turista y viaje se haya incrementado en cuatro años un 23,5% (de 1.123 euros en 2019 a 1.387 en 2023) y el gasto por turista y día pase de 137,4 euros en 2019 a 167,8 euros en 2023 (un 22,1% más).

A estos datos se suman los correspondientes al turismo nacional, con más de dos millones de turistas en 2023, y que elevan la cifra total de visitantes al Archipiélago en más de 16 millones de turistas.

Asimismo, según los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac), los establecimientos hoteleros y extrahoteleros (apartamentos, campings, turismo rural y albergues) de las islas registraron 95,7 millones de pernoctaciones durante 2023, lo que supone un aumento del 10,4 por ciento respecto a las registradas en el ejercicio 2022.

En total, se registraron 13.564.375 de viajeros alojados, un 8,95 por ciento más que en 2022, mientras los ingresos totales percibidos en el total de establecimientos hoteleros y extrahoteleros se situaron en 4.918 millones de euros en todo el 2023, lo que supone un aumento del 18,39 por ciento respecto a 2022.

Frente a estos datos, desde el Grupo Socialista alertan que el “muy buen desempeño” del subsector turístico durante los últimos años “no puede esconder otra realidad” caracterizada por “bajos salarios, condiciones laborales precarias, encarecimiento de la cesta de la compra y difícil acceso a una vivienda digna a precios razonables”.

Además, y según el informe de Sostenibilidad del Turismo en Canarias correspondiente al ejercicio 2023 elaborado por un equipo de investigación de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en el marco de la actividad del Observatorio Turístico de Canarias, las islas deben afrontar, desde su condición de lejanía, insularidad y ultraperiferia, los “desafíos sociales y ambientales” en la gestión turística asociados al alto volumen de pernoctaciones turísticas y a su concentración en determinadas zonas del territorio, pues casi la mitad (46,74%) corresponde a espacios naturales protegidos.

La propuesta socialista indica que “está claro” que existe una actividad que ha promovido y que debe seguir promoviendo el bienestar social de Canarias y su desarrollo económico, pero también “debe garantizar su sostenibilidad en el medio y largo plazo en su triple vertiente: social, económica y medioambiental”, en línea con lo que recoge el Estatuto de Autonomía.

Además, alertan que la “inacción” es la que “puede poner en peligro” la actividad turística, en un momento en el que, pese al aumento de la recaudación vía IGIC, Canarias es la segunda región del Estado con mayor tasa de población en riesgo de pobreza, por lo que existen “tensiones” en sus infraestructuras básicas con ceros energéticos, escasez de agua, vertidos de aguas residuales o congestión de tráfico, entre otros efectos adversos.