FAPA La Palma denuncia que la Consejería impone la nueva norma NEAE sin consenso con la comunidad educativa

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos de La
Palma (FAPA-La Palma) denuncia el intento político actual de la Consejería de
Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de
Canarias, que dirige Poli Suárez (PP), de vender la futura norma reguladora de la
atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativa (NEAE),
que ya se tramita como decreto territorial y modificará la vigente, como un proceso
de acuerdo previo y consenso con la comunidad educativa, algo, por ahora, no
responde a la verdad: es mentira.
Según explica FAPA-La Palma, que ahora desarrolla los antecedentes hasta llegar
a esa crítica contra la Consejería, el 30 de julio de 2024 se registró en el Parlamento
de Canarias el documento NEAE Propuesta para la educación y la inclusión. Este
informe nació del esfuerzo y el trabajo de 13 organizaciones distintas de Canarias
todas ellas relacionadas con el ámbito NEAE, con la participación de entidades del
tercer sector, los sindicatos y las federaciones de AMPA en ConfapaCanarias, la
institución que coordinó e impulso el reseñado documento.
Fruto de esa iniciativa, parecía que la Consejería de Educación tomaba conciencia
real sobre el asunto al citar el 28 de octubre de 2024 a las federaciones de AMPA
en su sede de Gran Canaria. Allí, en esa reunión, se comunicó oficialmente que se
iba a iniciar la redacción de un nuevo texto legal (decreto) para regular el ámbito
NEAE al estar la normativa vigente obsoleta y que, con esa intención, se quería
contar, lo lógico, con las federaciones de AMPA al ser estas las representantes de
las familias. Con esa idea, se afirmó, la Consejería convocaría reuniones cada dos
meses para trabajar el borrador del nuevo decreto.

Dicha propuesta de Educación fue bien acogida por parte de las personas asistentes
a la reseñada reunión ya que, se entendía entonces, daba esperanzas de empezar a
corregir las discriminaciones y el maltrato que se estaba percibiendo con el
alumnado NEAE hasta ahora. Como primera respuesta, todas las organizaciones
presentes en la reunión (las de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y La Palma)
coincidieron en pedir al consejero y a sus directores generales que, como base para
empezar ese trabajo legal, tuvieran en cuenta el documento ya existente de NEAE,
el registrado en el Parlamento de Canarias el 30 de julio pasado. Particularmente,
desde las islas de Lanzarote y La Palma, en ese mismo momento, ya se dejó claro
que, sin aumento de presupuesto, no se podrían acometer los cambios y las mejoras
necesarios.
Por ahora, no se han realizado esas reuniones bimestrales (que, como mínimo, ya
se debían haber realizado hasta tres, de cumplirse lo acordado); no se ha convocado
a todas las federaciones, ni juntas ni por separado; tampoco se ha tenido en cuenta
el documento NEAE registrado en el Parlamento de Canarias, y mucho menos se
ha hecho y distribuido oficialmente un borrador serio para trabajar en el nuevo
decreto que pretende regular el ámbito NEAE en Canarias.
A esta federación de AMPA, denominada FAPA-La Palma, solo le ha llegado, y
extraoficialmente, un borrador del borrador (en palabras del director general de
Inclusión, David Pablos, en los medios de comunicación). De dicho borrador del
borrador, conocido de forma extraoficial, FAPA-La Palma prefiere no opinar, ya
que, de ser cierto, es un despropósito en sus formas y en su contenido. Cuando se
tenga un documento serio y oficial, esta federación trasladará su postura.
La Consejería de Educación se ha dedicado en este periodo a romper la unidad de
la comunidad educativa en Canarias con el fin de imponer a todas y a todos su
objetivo, que no es otro que implantar el modelo del Partido Popular en todas las
comunidades autónomas en las que ya este partido gobierna. Se llama privatizar y
tratar de demostrar que dicha privatización (que supone precarización) es fruto del
consenso, algo que por ahora no existe ni se espera ya que ha sido la misma
Consejería la que se ha dedicado a reventar cualquier acuerdo amplio al dividir a
las familias.
Por todas las razones ya expuestas y por el mismo acontecer de los hechos, a día
de hoy FAPA-La Palma sigue pidiendo participar en la formulación del nuevo
decreto como parte indispensable que es dentro la comunidad educativa en las
islas, y recuerda, una vez más, que sin contar con las familias nada de esto tiene
sentido alguno.
La misma federación lamenta que el Gobierno de Canarias, con su presidente al
frente, Fernando Clavijo, permita que esto ocurra: que se esté montando una
pantomima que solo beneficia a las empresas privadas y que se quiera vender un
aumento del gasto en algo que merma la calidad educativa y las oportunidades para
un segmento de la población solo por tener un diagnóstico de discapacidad. Esto,
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señala FAPA-La Palma, es una acción deleznable, un despropósito, y suponen
faltar al principio de equidad que consagran tanto la Ley de Educación de Canarias
como la nacional Lomloe. Todo el mundo, enfatiza la misma organización, tiene
derecho a aprender y a una enseñanza de calidad; ahora bien, luego hace falta poner
los recursos necesarios y adecuados para cada persona, de manera que con todas y
todos se pueda cumplir ese objetivo, incluido nada menos que entre los derechos
fundamentales de la Constitución española.