IU La Palma denuncia «el trato indigno» del Cabildo a los mayores del Centro Residencial La Dehesa
La formación alerta de vulneración de derechos básicos, falta de transparencia y una deficiente gestión sociosanitaria marcada por la improvisación y las amenazas

Izquierda Unida Canaria (IUC) en La Palma denuncia la forma en que el Cabildo está ejecutando el traslado de los mayores no dependientes residentes en el Centro Residencial La Dehesa, una actuación realizada sin información previa suficiente, sin participación de las personas afectadas y con advertencias intimidatorias impropias de una administración pública. Para la formación insular, lo ocurrido supone un grave retroceso en derechos, un trato indigno hacia la gente mayor y la evidencia de una gestión sociosanitaria fallida.
La reubicación se justifica por obras de reforma en las plantas segunda y tercera del centro, financiadas con fondos europeos, pero el procedimiento seguido ha generado una profunda alarma entre las personas residentes. IU La Palma ha seguido este proceso durante el último mes, en el que la información ofrecida por el Cabildo ha sido escasa y tardía; negando los detalles sobre las condiciones del nuevo alojamiento y presionando a quienes solicitaron explicaciones, llegando a amenazarles por escrito de una intervención policial y la posible pérdida de la plaza pública si se negaban al traslado.
“Estos residentes tienen derecho a saber, a participar y a decidir sobre aquello que afecta directamente a su vida cotidiana, no son muebles ni animales”, ha señalado Alejandro Acosta, Coordinador Insular de IUC en La Palma. “Amenazar con la policía o con dejarles en la calle es una forma de violencia institucional que no se puede normalizar”.
IUC subraya que las personas afectadas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Muchas han vivido durante años en sus habitaciones, han construido allí su espacio personal y su red cotidiana, y el traslado a dependencias compartidas y con peores condiciones supone un impacto emocional y psicológico severo. La administración tenía la obligación legal y moral de garantizar alojamientos iguales o mejores, algo que no está cumpliendo.