La Asociación Tierra Bonita pedirá amparo al Tribunal Constitucional para que se investigue la gestión de la emergencia volcánica de La Palma

Este colectivo ciudadano lamenta que la Justicia en Canarias se niegue a abrir una investigación penal sobre las posibles responsabilidades de no evacuar a la población antes de la catástrofe pese a los claros indicios de que era inminente

La Asociación Tierra Bonita anuncia su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales ante la negativa de la Justicia en Canarias a abrir una investigación que dirima las posibles responsabilidades penales en la decisión de no evacuar a la población antes de la erupción del volcán Tajogaite, en La Palma, que provocó en 2021 la mayor catástrofe volcánica del último siglo en Europa.

Este colectivo ciudadano lamenta que ni un Juzgado de Los Llanos de Aridane ni una Sala de lo Penal de Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, hayan permitido, cuanto menos, abrir diligencias para investigar la gestión de esta emergencia, pese a los numerosos indicios aportados de que la erupción era inminente y que se conocía la zona con mayor riesgo; pero las autoridades de entonces decidieron no llevar a cabo la evacuación preventiva general de personas y animales ni siquiera cuando la probabilidad de erupción ya era muy alta.

Con esta inexplicable decisión los habitantes de la zona estuvieron expuestos a un riesgo para sus vidas y finalmente tuvieron que huir de forma caótica del volcán, lo que aumentó los daños económicos de muchas familias al no poderse llevar enseres, ni objetos personales ni animales; a lo que habría que añadir el daño psicológico de verse en esa situación desesperada, ante esta reprochable conducta de las autoridades en el momento clave desde la perspectiva de la protección civil.

No solo esta asociación siente indefensión de los tribunales canarios sino también la casi veintena de afectados que se adhirió con sus denuncias a esta querella, y que igualmente se perciben indefensos y desamparados.

Con la prevista elevación de este recurso al Tribunal Constitucional, Tierra Bonita cumple su compromiso público de llegar hasta el final con su querella, pero al mismo tiempo deja claro que no solo agotará todas las vías legales de apelación en España sino que, si fuese necesario, acudiría al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

Tierra Bonita discrepa de los argumentos esgrimidos por la Audiencia Provincial cuando trata de restar importancia vinculante al comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA), a pesar de que resulta evidente en el propio plan y en su puesta en práctica que este grupo de expertos es el que debe determinar si una erupción es “inminente», tras lo cual las autoridades deben elevar el nivel de la emergencia a semáforo a naranja (o alerta máxima) y evacuar a los habitantes en riesgo, según el protocolo.

Pues bien, en su querella, esta asociación incluyó declaraciones públicas de miembros de este comité científico así como de científicos de cinco de las instituciones que lo conformaban, quienes sostuvieron que sí se había advertido de que este fenómeno geológico era «inminente». Algunos de estos científicos incluso protagonizaron sospechosos cambios de versión en esas declaraciones públicas ante la polémica que suscitaban sus palabras iniciales entre la población afectada.

Igualmente Tierra Bonita deja patente su disconformidad con los juicios de valor que hace la Audiencia Provincial al mostrar su comprensión con las autoridades responsables de gestionar la emergencia alegando las dificultades de llevar a cabo una evacuación de tantas personas y de anticiparse al fenómeno geológico. Con tales afirmaciones, para esta asociación totalmente subjetivas, los magistrados pasan por alto los abundantes indicios aportados en la querella en el sentido de que los científicos sí habían delimitado la zona con mayor riesgo, aunque la desconocía la población; y de que el inicio del proceso eruptivo era, de forma clara, “inminente” según los parámetros científicos principales de sismicidad, deformación del terreno y gases.

Pero es más, la Sala de lo Penal la Audiencia Provincial que llevó este asunto, a juicio de este colectivo ciudadano, obvia que al no evacuarse con antelación se incumplió el principio de precaución para preservar la vida, y, que, por tanto, insiste la asociación, se puso en riesgo la vida de miles de personas y animales.  En este sentido, hay que recordar, además, que, de acuerdo con el testimonio de asociaciones protectoras de animales, la erupción causó una gran mortandad de animales de compañía por la falta de planificación oficial para salvar sus vidas.

A la asociación denunciante le sorprende que, por un lado, la Administración pública deniegue a los afectados las actas y las grabaciones de las reuniones de los comités científico y director del PEVOLCA, documentación que sería fundamental para esclarecer las presuntas responsabilidades, y que, por otro lado, la Justicia canaria reclame más pruebas a los damnificados que acuden a los tribunales. Un “desesperante e injusto círculo vicioso que acrecienta la sensación de desamparo en los afectados”.

Y para Tierra Bonita “no menos hiriente” es que se dé por buena la versión oficial de que no hubo muertes en el inicio de la erupción gracias al plan de emergencias, lo cual es del todo punto incierto, ya que el motivo real de que este peligroso fenómeno geológico no se cobrará un precio en vidas humanas fue la pura suerte por el lugar y el momento en que se inició el proceso eruptivo.

Hay que recordar que la práctica totalidad de las asociaciones y plataformas de afectados del volcán han reprobado públicamente la gestión de esta emergencia por no haber sido evacuados antes de la erupción, hasta el punto de que han reclamado que no se les concedan premios a los entonces responsables del PEVOLCA y les sean retirados los reconocimientos que ya han recibido.

Por todo ello, esta asociación quiere enviar a los afectados que se han unido a esta querella, y a quienes la apoyan desde la sociedad, un mensaje de «dignidad, esperanza y coraje», garantizando que defenderá hasta donde sea legalmente posible el derecho a que se esclarezca la verdad. Y lo hace “no solo por el bien de las personas damnificadas en esta ocasión en el Valle de Aridane, sino también para evitar que la impunidad del presente impida prevenir similares injusticias futuras en un archipiélago volcánicamente activo que volverá a sufrir erupciones”.