El político palmero Antonio Castro Cordobez, que tras las pasadas elecciones locales ha abandonado esa actividad, se ve ahora implicado en un presunto pago ilegal de comisiones por parte de la constructora OHL cuando ocupaba cargos de responsabilidad en el Gobierno de Canarias, segun informa el digital vozpopuli.com.
El juez Manuel García-Castellón habre así una investigación a Antonio Castro Cordobez, quien fuera durante varias legislatura consejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias y diputado regional de CC. En el mismo procedimiento también está imputado Luis Pedro Suárez Trenor, exdirigente de Coalición Canaria (CC) y expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
La Fiscalía y la Guardia Civil han destapado hechos que indiciariamente revelan una «práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional», incluyendo Canarias donde están imputados ex altos cargos de Coalición Canaria.
Entre las adjudicaciones investigadas se encuentra la del dique del puerto de Granadilla, adjudicada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife cuando fue presidida por Luis Suárez Trenor. Esa adjudicación recayó en una unión temporal de empresas participada por FCC, OHL y la constructora tinerfeña Punta Larga, del empresario Antonio Plasencia -condenado en firme a cinco años de cárcel por el caso de Las Teresitas y condenado también por las extracciones ilegales de áridos en Güímar-. OHL es la adjudicataria, también en UTE, de la polémica obra de ampliación del muelle de Agaete.
Tras las pesquisas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investiga las acusaciones del ministerio público, que se basa en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e interroga a personal de la constructora presuntamente involucrado con las mordidas.
Tras escuchar a varios directivos de la constructora, el juez Manuel García-Castellón ha imputado a seis políticos y ha citado a declarar a tres de ellos. Abelardo Genaro Moya (excargo de la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (PP de Melilla) y Albino Pardo Rodríguez (exdirector del Puerto de Cádiz) serán los primeros cargos públicos que declararán como imputados en la pieza ocho del caso Lezo para esclarecer su supuesta vinculación con el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contrato de obra pública.
La declaración como imputados de Suárez Trenor y Antonio Castro aún no tiene fecha.
