La Fiscalía se interesa por las residencias de La Palma, como extensión de una investigación nacional

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife se ha dirigido por escrito a los 14 ayuntamientos de La Palma para solicitar información sobre el estado de la residencias de mayores y centros de personas con discapacidad de la Isla, ante el actual estado de alarma decretado con motivo de la pandemia del coronavirus. El oficio, remitido el pasado día 27 de marzo, advierte de la necesidad de cumplir con las órdenes del Ministerio de Sanidad SND 265/2020 y SND 275/2020 pubicadas en el BOE.

La notificación forma parte de las investigaciones que surgieron a raíz de conocerse la existencia de posibles casos de abandono en residencias en diversos lugares en todo el ámbito nacional. Evidentemente, esta circunstancia se aleja del funcionamiento del actual sistema residencial con el que cuenta la isla de La Palma, bajo la tutela compartida de Cabildo Insular y ayuntamientos, que permanece sin ningún caso de coronavirus hasta el momento de redacción de esta información.

Sin embargo, la obligatoriedad en el cumplimiento de las exigencias de esas órdenes supondrá inconvenientes para las administraciones de la Isla. Así, la Fiscalía pregunta si existe imposibilidad de hacer cumplir las normas “por ausencia de medios personales, materiales, circunstancias físicas o de otra índole”; así como “cualquier circunstancia análoga que ponga en grave peligro a la integridad y sostenimiento del servicio”. También se reclama que “si hubiera fallecimientos (que no es el caso), se informe de identidad o si ha sido por causa natural o a consecuencia del COVID-19”.

Esas órdenes sanitarias recogen, por ejemplo, la necesidad de espacios para aislamientos de contagiados, que posiblemente no se podrán adoptar en algunas residencias de La Palma, así como medidas de desinfección adicionales o medidas de distribución y coordinación del personal disponible, que pasa a estar bajo las ordenes de la Comunidad Autónoma si así se estipula.

También se declara la obligatoriedad de servicio y de mantener a todos los trabajadores operativos en el momento de ejecución de la orden, no pudiéndose adoptar medida alguna que conlleve cierre, reducción o suspensión de actividades o contratos laborales.

31 residencias bajo investigación en todo el país, de las que 2 están en Canarias

Hay que recordar que la Fiscalía General del Estado mantiene en este momento 31 diligencias de investigación penal en toda España sobre la situación de las residencias de ancianos por el coronavirus. La Fiscalía ha dado instrucciones para que estos asuntos tengan prioridad, siempre que no interfieran en lo que es en este momento la prioridad máxima, la acción sanitaria para salvar vidas.

Según los datos de la Fiscalía, en Canarias hay abiertas dos investigaciones en centro residenciales, sin que se haya especificado de qué instalaciones se trata.

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