La Junta Electoral estudia si invalida la candidatura de Ángel Pablo Rodríguez tras ser condenado.

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La Junta Electoral estudia desde ayer si el candidato a la Alcaldia de Tazacorte por Unión Bagañeta, Ángel Pablo Rodríguez, puede mantener la candidatura oficializada antes de la sentencia que le condena, en primera instancia, a 7 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación en el Caso de Los Tarajales. La decisión ha sido forzada por la aparición del fallo judicial justo antes de iniciarse la campaña electoral de las municipales.

La solicitud ha sido presentada por Felipe Ramos Pérez, que se ha dirigido por escrito a la Junta Electoral de Los Llanos de Aridane en calidad de representante de lzquierda Unida CanarÍa (luc) para que la misma aclare si el actual alcalde de Tazacorte y candidato de Unión Bagañeta (UB) a la Alcaldía puede presentarse a las elecciones municipales.

IU apunta en el escrito que en el Boletín Oficial de la Provincia número 52, de 30 de abril de 2019, se publicaron las candidaturas proclamadas para las elecciones locales del munícipio de Tazacorte y que en el número uno de la candidatura proclamada de Ia Agrupacíón de Electores Unión Bagañeta (UB) figura Ángel Pablo Rodríguez como número 1.

Con posterioridad, apuntan, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 7 de Santa Cruz de La Palma a síete años de inhabílitación especial para empleo o cargo públíco como autor penalmente responsable de un delito de prevaricacíón.

Por ello, solicita que se aclare si Ia condena a Ángel Pablo Rodríguez Martín supone su inelegíbilidad para cargo público, según lo recogido en el Artículo 6.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junío, der Régímen Electorar General.

La decisión de la Junta Electoral de Los Llanos de Aridane se conocerá en las próximas horas y la misma podrá ser recurrida a la Junta Electoral Provincial. En cualquier caso, la decisión final tardará apenas unos días en hacerse efectiva.

Hay que recordar que una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de abril establece que una persona inhabilitada, aunque su condena no sea firme, no puede presentarse a las elecciones. Este criterio es el que está marcando las decisiones que se están adoptando al respecto en las juntas electorales, como ocurriera recientemente con el caso del político majorero Domingo González Arroyo al que se le ha negado la posibilidad de presentarse como candidato al Parlamento de Canarias y al Cabildo de Fuerteventura el próximo 26 de mayo.