La Orden de Educación que limita la permanencia de adultos en centros de formación favorece la exclusión social
No hay edad para estudiar, pero el alumnado de Formación Básica Inicial (FBI) de la educación de adultos necesita tiempo, algo que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha limitado a cuatro años con la aprobación de una normativa el pasado mes de octubre. El rechazo de la mayoría de la comunidad educativa fue inmediato y los docentes ya han alertado del riesgo que supone para las personas más vulnerables, especialmente mujeres, que son mayoría en estos centros, el restringir la formación de adultos.
La Orden de 27 de octubre de 2021, que establece las normas de organización y funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) y los Centros de Educación a Distancia (CEAD) en la Comunidad Autónoma de Canaria recoge en su punto 2.3 que “el alumnado de FBI podrá permanecer matriculado en dicho periodo formativo, como máximo, dos cursos académicos adicionales al número de cursos establecido, con carácter general para dicho periodo”. Sin embargo, tal y como ha señalado Nieves Luz Pérez, directora del CEPA Guayafanta, en los micrófonos de Onda Cero La Palma, se trata de una nueva Orden que “se ha elaborado sin tener en cuenta a la comunidad educativa”, sin diálogo ni negociación, ni con profesorado ni con sindicatos. La orden apareció de repente, “un viernes por la tarde nos encontramos con el borrador y una semana después ya estaba publicada”.
De llegar a aplicarse esta normativa, más de 5000 alumnos de la FBI verán su derecho a la educación permanente limitado. Los directores y directoras de los centro de adultos, el profesorado, el alumnado y sus familias, el sindicato independiente ANPE e, incluso, el Consejo Escolar de Canarias han expresado su oposición ante el punto 2.3 y demandan alternativas para un alumnado al que se le caduca el tiempo de aprender.
El alumnado de la FBI, en los centros de adultos de toda Canaria, forma parte de los colectivos más vulnerables de la sociedad. La mayoría de ellos son personas mayores, que no buscan formarse para lograr un empleo, de ellos, muchas son mujeres. Entre el alumnado también hay personas con necesidades educativas especiales, derivadas de los servicios sociales municipales, en algunos casos, en riesgo de exclusión social, alumnado extranjero con dificultades de integración a causa del idioma, y alumnado de los centros penitenciarios. “Cada uno de ellos tiene su ritmo de aprendizaje”, señala Nieves Luz Pérez, quien hace también hincapié en aquellas personas que necesitan formación para integrarse en una sociedad del conocimiento y la tecnología que les exige saber usar un móvil u ordenador para realizar gestiones cotidianas
Tras la reunión celebrada en el mes de noviembre entre la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y el Diputado del Común, se les pidió a los centros la entrega -antes de que acabara el mes de enero- de informes individualizados de los perfiles del alumnado, “lo que pone de manifiesto el desconocimiento sobre las personas que se forman en estos centros”, aseguró Nieves Luz Pérez, quien dejó claro que “seguiremos luchando para que puedan continuar estudiando”.
TE PUEDE INTERESAR:
