La reforma del REF cumple cinco años con novedades de calado relegadas por la falta de financiación estatal

La última reforma de calado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias cumple su quinto aniversario este 5 de noviembre. Impulsada por el Parlamento de Canarias y aprobada en las Cortes Generales, la actualización de la parte económica del REF fue la más ambiciosa que se acometió desde su aprobación inicial en 1972. 

El comisionado del REF, José Ramón Barrera, lamenta que muchas de las medidas que se incorporaron “han quedado relegadas por falta de inversión de la Administración central”.  El responsable del nuevo órgano del Gobierno de Canarias encargado de velar por el cumplimiento y modernización del fuero canario considera que “urge que el Gobierno de España asuma sus obligaciones con nuestra singularidad para que vivir, trabajar e invertir en las Islas ofrezca las mismas oportunidades que en el resto del país”. 

La modificación de 2018 obliga de forma explícita a la Administración central a cumplir lo establecido en el REF. Este blindaje garantiza que los habitantes de Canarias puedan reclamar las mismas condiciones y oportunidades que los del resto del país, a pesar de vivir en una región ultraperiférica de Europa con problemas estructurales de pobreza y desempleo. 

Otro hito fue su desvinculación de la financiación autonómica. En 2018, la norma precisó que los recursos tributarios que debe recibir Canarias por su hecho diferencial económico y fiscal son “adicionales” a los que reciben sus entidades locales, y en ningún caso el Ejecutivo central los puede computar en las cuentas autonómicas. 

Los cinco siglos de acervo histórico del régimen especial del Archipiélago y su aval en la Constitución y por parte de la Unión Europea fueron determinantes para que Canarias consiguiera finalmente el reconocimiento de su singularidad, lo que le otorga una mayor autonomía financiera para estimular el desarrollo de la región.  

La puesta en marcha de la oficina del Comisionado del REF en esta legislatura busca acercar el contenido del fuero a la población canaria “para que lo conozca, valore y defienda dada la influencia transversal que tiene en nuestra realidad”, asegura José Ramón Barrera. Asimismo, otro de sus objetivos es “seguir trabajando para que la parte económica y, en especial, la fiscal, que lleva casi intacta desde 1994 y que es clave para las Islas en la actualidad, se adapten con la potencia y flexibilidad suficientes como para impulsar nuestro futuro”. 

El nuevo REF quedó plasmado en la Ley 8/2018. La norma traza la hoja de ruta para sacar a las Islas del vagón de cola de la riqueza y el empleo con un conjunto de medidas que van desde ayudas para mitigar los sobrecostes energéticos y del transporte al fomento del reciclaje, la inversión en infraestructuras turísticas y bonificaciones de impuestos para la industria. 

Entre otras muchas novedades, la de mayor impacto entre la ciudadanía fue el aumento de la bonificación de los billetes aéreos y marítimos para residentes, que pasó del 50% al 75%. El Gobierno nacional destinará este año 825 millones al descuento de residente, del que además de Canarias incluye a los habitantes de Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según consta en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). 

El reconocimiento del transporte como un servicio público esencial para los isleños y el incremento de las compensaciones supuso acortar distancias. Sin embargo, el principio de continuidad territorial que se pretende favorecer encontró de frente un rápido encarecimiento de las rutas interinsulares y entre Península y Canarias, que limitó el efecto esperado. 

Otra de las reivindicaciones cruciales para la economía canaria es la bonificación del transporte de mercancías. El Estado se comprometió en 2018 a reducir las tasas aeroportuarias, en especial las del tráfico de contenedores, y a compensar el 100% del coste del traslado de mercancías con la Península y otros países de la UE. El Ministerio de Transporte aún está lejos de cubrir todos estos gastos y, además, el pago de las ayudas a los empresarios canarios llega a demorarse hasta dos años.  

Igualar la tarifa eléctrica

El REF también incorporó hace un quinquenio medidas para igualar las tarifas de la energía y el agua que pagan los consumidores de las Islas con las del resto del territorio. En esta línea, se establecen compensaciones para la producción de electricidad y se fija el objetivo de que el Archipiélago sea autosuficiente con renovables, algo que ha logrado desiguales resultados hasta el momento, siendo El Hierro la que mayor porcentaje de energía limpia ha implantado, con un 50%, y La Gomera la única que aún no tiene ni eólica ni solar. 

Para el agua desalinizada o reutilizada también hay una batería de ayudas que suman 50 millones de euros en los PGE de este año. Unos 8,5 millones se destinan a plantas potabilizadoras, otros ocho millones para abaratar el agua desalada para la agricultura; 20 millones van para apoyar el ciclo natural del agua y 14 millones más para riego agrícola, ya sea con agua de galerías, pozos o reutilizada. 

Negocios con África y América Latina 

Problemas como el que ocasionó recientemente el bloqueo de la papa británica, ante el temor de una nueva plaga, también forman parte de las modificaciones introducidas en 2018. La norma indica que las autoridades regionales y nacionales deben colaborar para identificar problemas y encontrar soluciones, en particular, sobre la inspección fitosanitaria y zoosanitaria para que el Estado defienda los intereses de Canarias ante la UE.

El REF incluye medidas específicas para el sector primario. En los actuales Presupuestos Generales del Estado se consigna una partida de 21 millones de euros para complementar las ayudas europeas del POSEI, con las que financiar el 100% del fomento de la actividad agrícola, 65% del coste de seguros agrarios y proyectos para preservar las razas y especies autóctonas. En paralelo, estos fondos pretenden convertir a los establecimientos turísticos en embajadores de los productos locales. El proyecto estrella, que aún no se ha ejecutado, es la creación de un Centro Internacional de Tecnologías Agrarias, a través del que Europa pueda hacer negocios con países de África Occidental y América Latina.

Digitalización e idiomas para el empleo 

El Plan Integral de Empleo de Canarias, dotado este año con 45 millones de euros, también forma parte del REF. Impulsar la formación para el empleo es uno de los pilares del fuero económico. En este campo, los cambios incorporados al REF en 2018 son tan específicos que llegan a definir acciones puntuales como, por ejemplo, la necesidad de formar en idiomas a una comunidad dedicada al turismo, como la nuestra, y hacer que los trabajadores dominen las herramientas tecnológicas. 

Asimismo, en la reforma se impulsó la elaboración de certificados de profesionalidad, una iniciativa que ya se ha puesto en marcha. Esta medida facilita a los trabajadores con experiencia, pero sin formación reglada, obtener un título oficial que acredite sus capacidades. También figuran en el nuevo REF la financiación de planes de formación de patronal y sindicatos, las becas para el desplazamiento entre islas de estudiantes y que se garantice la adecuada provisión de plazas de FP. 

Una medida que aún no se ha puesto en marcha es la de desarrollar un Plan específico de Formación Profesional para promover los conocimientos gastronómicos vinculados al producto local. La norma puntualiza que en esta iniciativa deben participar los agentes sociales más representativos.

Más vivienda en alquiler y geriátricos

La actualización del REF incluyó nuevos incentivos para el sector productivo canario. Si bien las empresas que producen bienes corporales (tangibles) ya pagaban el 50% IRPF y del Impuesto de Sociedades, a partir de 2018 la bonificación se calcula teniendo en cuenta las ayudas del Régimen de Abastecimiento de Canarias (REA) y las del Programa de Apoyo a las Producciones Agrarias.  

Además, se incluyó un nuevo artículo sobre la gestión de residuos. Se introduce el deber de los poderes públicos de poner en marcha medidas para primar el reciclaje de los residuos contaminantes y favorecer la implantación de plantas de tratamiento en el Archipiélago aplicando el principio de proximidad. En los PGE de este año se asigna un millón de euros al transporte de residuos entre Islas.  

La Ley del Régimen Económico y Fiscal previó también el crecimiento exponencial de la vivienda turística e intentó desincentivar su expansión prohibiendo hace cinco años utilizar la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) con esa finalidad. En cambio, sí abrió la posibilidad a las empresas de invertir sus beneficios en la promoción de viviendas de VPO destinadas a arrendamiento, en centros sociosanitarios, residencias de mayores y geriátricos.