La Unidad de Atención Temprana de La Palma sigue sin contar con profesional psicomotricista

La Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia (PATDI), continúa sus esfuerzos por lograr que se cumpla la ley de AT, así como el desarrollo de la Red Pública de AT que recoge dicha ley en Canarias.

Para ello, han mantenido una reunión en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, con el Presidente del Gobierno de Canarias, el Consejero de Sanidad y las Consejeras de Políticas Sociales y Educación.

Desde PATDI agradecen «su honestidad al reconocer los incumplimientos que venimos denunciando desde 2019 de la ley de AT» y su compromiso para «subsanar las deficiencias señaladas».

Entre las deficiencias puestas sobre la mesa, según señala la plataforma en un comunicado, se encuentran:

Incumplimiento del artículo 11, que hace referencia a la derivación y seguimientos en las Unidades de Atención Temprana (UAT). De las 4 UAT que vienen funcionando en nuestro archipiélago, solo la de La Palma y Fuerteventura están cumpliendo con el protocolo de derivación que establece la Ley (facultativos de atención especializada o pediatras de atención primaria derivan directamente a las UAT), mientras que la de Gran Canaria y Tenerife y derivan obligatoriamente a los servicios especializados de pediatría, con el consiguiente retraso a que el menor y su familia sean atendidos por las largas listas de espera en estos servicios hospitalarios. «Mostramos nuestra disconformidad a que las UAT, en el organigrama de la Consejería de sanidad, dependan de Salud Mental» expresan desde PATDI, instando a que se designe a una persona de su consejería para que de manera exclusiva dedique su tiempo a la coordinación entre las tres consejerías y mejora de las UAT, y sugieren que sea una persona que ya forme parte de la Comisión Técnica.

Incumplimiento del artículo 12, que hace referencia a la composición y funciones de las UAT, dado que en las 4 existentes falta el profesional psicomotricista y la plaza de psicología clínica de la de Gran Canaria está vacante desde hace más de un año. También se incumple lo referido a la formación específica en AT que deben tener estos profesionales , así como la estabilidad en sus puestos de trabajo, dado que los primeros contratos fueron de seis meses y los más recientes de un año. En este sentido se planteó la posibilidad de hacer una convocatoria específica para cubrir las plazas de las UAT mediante decreto, convocatoria abierta y no vinculada a la Gerencia de los hospitales de referencia, ofreciéndose la Consejera de Políticas Sociales a la realización de un borrador de convocatoria para someter a la consideración de Presidencia.  Por otra parte, desde PATDI exigen que se cumpla lo que establece la ley, en el sentido de que «la atención debe ser independiente de la llevada a cabo en otros ámbitos, aunque con la necesaria coordinación interdisciplinar recogida en el artículo 15 que establece un sistema de información compartida que recogerá información básica y el PIAT (Programa Individualizado de AT de cada menor)». Se encomendó al Consejero de Sanidad el desarrollo de este sistema de información.

Incumplimiento del artículo 16, relativo a la Comisión Técnica de AT, que entre sus funciones tiene la de proponer la aprobación del Plan Integral de AT (PIAT) a la Consejería de Sanidad, dicho Plan debería haber sido presentado en Noviembre de 2020, y debe recoger la creación progresiva de las UAT necesarias para atender a los más de nueve mil niños y niñas de Canarias que esperan por este recurso. Se plantea y se adquiere el compromiso de que dicho PIAT recoja la ficha financiera necesaria para la creación de la Red Pública de AT que demandan las familias y profesionales de Canarias. El compromiso es crear 11 unidades en la presente legislatura.

Finalmente, se habló sobre la falta de recursos educativos para que la escuela sea realmente inclusiva. En este sentido, la Consejera de Educación aceptó la propuesta de la plataforma de creación de un Equipo Específico de AT, «considerando que es el momento adecuado dado que el próximo curso se inicia en algunos colegios públicos la escolarización de 2 a 3 años y facilitaría la detección temprana de trastornos del desarrollo».

Desde la Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia aseguran «solo esperamos que se cumplan y no defrauden a las familias en el respeto de los derechos de la infancia».