Las 3 claves para afrontar la quiebra institucional: ayuda estatal y europea, deuda pública y uso del superávit

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Durante la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas celebrada el domingo con Pedro Sánchez, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, insistió sobremanera en la búsqueda de fondos para amortiguar la dura crisis a la que se enfrentan las administraciones del Archipiélago, tal y como han ido mostrando los números de Administración de Hacienda Canaria que ha publicado ElTime.es en los últimos días. Tres son los caminos para la obtención de recursos, en los que trabaja Canarias.

La primera, la obtención de fondos Estatales y europeos. En su intervención Torres insistió en la necesidad de que el sistema de reparto de los 16.000 millones de euros no reembolsables que el Estado pone a disposición de las comunidades autónomas para cubrir los efectos de la COVID-19 también tenga en cuenta, entre sus parámetros objetivos de distribución, algunas variables que Canarias considera claves: para el reparto de la sección de 10.000 millones (los llamados sanitarios) deberían tenerse en cuenta los PCR totales realizados, en lugar de solo los positivos.

Torres insistió en que en la distribución de la parte de 5.000 millones, la relacionada con la pérdida de ingresos tributarios, se considere que la Comunidad Autónoma de Canarias posee una fiscalidad singular (recursos impositivos del REF y tributos propios) que representa en los ingresos de su Presupuesto casi el 20%, en vez del 7,7% de media en el resto de comunidades autónomas españolas de régimen común. Ello, según recalcó el presidente de Canarias, también «debe ser compensado» en el reparto que se defina para esos 5.000 millones de euros. La distribución de los 16.000 millones se definirá en un real decreto-ley que aprobará el Consejo de Ministros y luego deberá convalidar el Congreso.

El presidente canario dejó claro que la mayor pérdida de ingresos fiscales en Canarias, que posee un sistema tributario indirecto diferenciado del resto de España, «debe compensarse» no solo a través de los impuestos cedidos por el Estado (Sucesiones y Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales), sino teniendo en cuenta el mayor impacto de la crisis en la recaudación fiscal canaria debido a la existencia de los impuestos indirectos del REF (sobre todo IGIC -sin el IVA- y AIEM) y de los tributos propios de Carburantes y Tabaco. El presidente pidió que «se halle una solución» para esto, principalmente porque esos tributos canarios representan casi el 20% del capítulo de ingresos en el Presupuesto de Canarias, por algo más del 7% de promedio en otras comunidades de régimen común. Torres reconoció que «esto está por definirse» y que esos 5.000 millones «serán las cantidades que se repartan más tarde”.

La segunda, el endeudamiento público. La petición de que se autorice el endeudamiento público de la Administración autonómica se puso de nuevo sobre la mesa. Frente a la caída de ingresos, frente a la necesidad de recursos adicionales para responder a los más vulnerables –trabajadores, autónomos y empresas– y la garantía de mantener un robusto estado del bienestar, se necesita ir por el único camino que queda, el endeudamiento.

El Ejecutivo canario entiende que frente a situaciones críticas como esta, solo cabe deuda pública y conseguir los recursos necesarios para contener los efectos producidos. Lo ideal, explican, serían los eurobonos de la Unión Europea (UE) pero si no se aprueban habría que ir a «deuda soberana compartida por todo el país.

Para ello hace falta también modificar las reglas de gasto que se estaban aplicando hasta el momento a las comunidades autónomas y resto de administraciones del Estado.

La tercera, el acceso a los superávit y a los remanentes de cabildos y ayuntamientos. Canarias entiende que estos fondos públicos a disposición deben ser gestionados por esas mismas administraciones en medidas relacionadas con los efectos de la pandemia por el coronavirus COVID-19.

Con la caída de los ingresos del REF, todos los ayuntamientos canarios y cabildos se han sumado a la petición del uso del superávit, en la línea con lo que viene planteando la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para que se flexibilice la regla de gasto y la ley de estabilidad presupuestaria para que se puedan destinar más recursos a la urgente reactivación económica y social.

Incluso consideran necesario un cambio legislativo que permita liberar el superávit disponible y, de esta forma, reforzar la asistencia social a las personas sin recursos, proteger el empleo e incentivar la economía insular con medidas de apoyo a trabajadores autónomos, pymes y al conjunto del tejido productivo de las Islas.

Todos estos asuntos serán llevados a la reunión bilateral que tendrá lugar el miércoles por la tarde con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Encuentro telemático en el que el presidente ha anunciado que estará presente junto al vicepresidente y consejero de Hacienda de Canarias, Román Rodríguez.

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