Tanto el presidente autonómico de FERE-CECA-Escuelas Católicas, Pedro Luis Rodríguez, como el secretario autonómico, Juan José García, en representación de los 46 centros educativos pertenecientes a las Escuelas Católicas de Canarias, han denunciado este jueves que las medidas adoptadas por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias son “unilaterales e insuficientes para dar respuesta a las necesidades que plantea la educación concertada en las islas”.
En este sentido, han afirmado que “por responsabilidad han aceptado el acuerdo firmado con la Consejería de Educación el pasado 10 de mayo”, pero “solo se han logrado mínimos avances que no dan respuesta a las demandas de los centros concertados de Canarias”.
“Hablamos de sutiles avances porque en la práctica no superan las barreras establecidas desde 2008 con relación a la dotación de equipos docentes, directivos y complementarios, las nuevas figuras de intervención en los centros educativos, como la persona coordinadora de bienestar, o los recursos para limitar la creciente brecha social que afrontan las familias de los centros concertados”, han explicado.
Y han añadido que la propuesta presentada por la Consejería de Educación “se limita a diferir a un largo periodo el inicio y/o el desarrollo de la aplicación de las escasas medidas relacionadas, ampliando la distancia de los compromisos al hacerlo de forma progresiva hasta el curso 2028-2029”, lo que demuestra una
vez más “la falta de voluntad real del Ejecutivo regional para atender las necesidades de la educación concertada en Canarias”.
“Estamos ante una legislatura pérdida, agravada por la crisis sanitaria originada por la Covid-19, que hemos podido afrontar gracias a la magnífica labor realizada por nuestros equipos docentes y directivos”, a los que “a diferencia de lo que han gestionado para los centros públicos en Canarias no se les ha dado posibilidad de continuidad y estabilidad laboral”. Además, tampoco “se ha dado respuesta a muchas familias con alumnado en centros concertados que estaban pasando dificultades sociolaborales”, ya que “no hay una sola medida compensatoria para las familias de nuestros centros”.
“El Gobierno de Canarias presenta una memoria al Consejo Escolar de Canarias para justificar que no han cumplido con el compromiso de convocar a una negociación, según los compromisos adquiridos en el documento firmado en julio de 2022”. Al respecto, han señalado que “el Ejecutivo se limita solo a añadir dos escuetas notas con las propuestas elaboradas por ellos para firmar el 10 de mayo, sin ni siquiera darnos la posibilidad de negociar ninguno de los puntos del acuerdo, ni de integrar el convenio que afecta a los centros de educación especial y/o a la comisión de seguimiento”.
En este sentido, desde las Escuelas Católicas de Canarias han exigido a la Consejería de Educación el incremento razonable de los equipos docentes y complementarios (centros de educación especial, aulas enclave, etcétera) para los niveles de infantil y primaria, que incluye la dotación del orientador/a
educativo para estos niveles, así como el incremento de equipos directivos, y que todo esto se haga sin precarizar las contrataciones.
Han solicitado también tener acceso a los programas de bilingüismo y de atención a la diversidad, así como que se permita una negociación efectiva en la gestión de los pagos delegados.
Por otra parte, han reclamado que se atienda en la negociación a los centros afectados por la reducción de unidades concertadas y se acuerde también los procesos de incremento en materia de conciertos educativos, tanto en los niveles educativos como en la actualización de los módulos de concierto en sus diferentes partidas, especialmente en la correspondiente a los Otros Gastos, destinada al mantenimiento y funcionamiento de los centros. De manera especial, han solicitado que “el incremento adicional para 2022 del 1,5% tenga efectos desde el 1 de enero de 2022, en aplicación del Real Decreto Ley 18/2022, de 18 de octubre (BOE 19-10-2022), tal y como se ha hecho por el resto de las Comunidades Autónomas”.
Así mismo, han recordado que la orden de renovación de los conciertos educativos debe actualizar a su vez la ratio atendiendo a la realidad demográfica, para garantizar así la pluralidad de la oferta educativa.
“Abogamos también por abrir a la negociación los procesos de acceso a la financiación del primer ciclo de Educación Infantil”, y que “se estudien medidas para compensar la brecha social y digital de las familias con alumnado matriculado en centros concertados”, han explicado Rodríguez y García.
En definitiva, desde las Escuelas Católicas de Canarias “seguimos reiterando la oportunidad, la necesidad y el compromiso de diálogo por parte de la Consejería de Educación, y en concreto, con las Direcciones Generales de Promoción Educativa, de Personal y de Ordenación, Innovación y Calidad del Gobierno de Canarias, siendo que las acciones del Ejecutivo regional están sostenidas tanto con la carga fiscal de la ciudadanía como de los Fondos Europeos y de Resiliencia, que deben ampliarse por imperativo legal a todos los sectores”.
