Tras el rechazo del pleno del Senado a la modificación de la Ley de Costas propuesta por el grupo parlamentario Popular, se sigue buscando una solución para evitar el desalojo de los conjuntos urbanos costeros de El Faro y Puntalarga en Fuencaliente. En esta disposición presentada por los populares se solicitaba incluir parte de las tres premisas para identificar los núcleos urbanos que entienden que deben protegerse: que tengan valores etnológico, culturales, históricos o paisajísticos; que merezcan, a juicio del ayuntamiento en el que radiquen, ser conservados y que obtengan un dictamen favorable de la comunidad autónoma donde radiquen; que estén integrados en el entorno de forma que suponga un minusvalor del patrimonio cultural y que hayan pasado a ser dominio público después de existir.
No obstante, tras la presentación de esta modificación, el grupo parlamentario socialista y CC no dieron su apoyo. Por ello, Borja Pérez Sicilia, senador para la Isla de La Palma aclaró en una entrevista para Onda Cero La Palma que «la ley de costas no se lleva a trámite por el partido socialista y por los apoyos que no hemos tenido». Todo ello, impide «trabajar en dicha ley», como relató el senador, que se paralizó debido al volcán de Cumbre Vieja.
Asimismo, Borja Pérez consideró que «el volcán lo ha eclipsado todo» y habla de una reunión celebrada el pasado mes de julio de 2021: «Tuvimos una reunión con vecinos de El Faro y Puntalarga de donde se sacaron planteamientos». Sin embargo, tras este compromiso por estudiar la modificación y presentarlo al pleno tras el volcán, «perdimos por cinco votos», aclaró el senador palmero. A su vez, comentó que a pesar de haberse frenado el desalojo de los vecinos por el volcán, el abogado de los afectados por la Ley de Costas declaró en la Ser que «sería en breve» y que se tenía un acuerdo de 2016 con el Gobierno de Canarias para salvar esos asentamientos. Este hecho dejó en duda a Borja: «Esos acuerdos me resultan raros, si los hay bien, pero no es aplaudir y esto está solucionado», pues «este plazo era hasta que acabara el volcán» y hay prisa por la petición del Secretario de Estado para «que haga un estudio y tirar para adelante en una sentencia».
Por su parte, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez subrayó en el Parlamento de Canarias que «hacer pronto un traspaso de competencias es importante», ya que «aunque el propósito es que la transferencia de costas esté resuelta el 1 de julio, no se realizará si las condiciones ofrecidas por el Estado no son las adecuadas». Asimismo explicó que ambas administraciones llevan tres años manteniendo conversaciones para gestionar este traspaso, tiempo en el que se han dado pasos importantes al ganarse determinadas discusiones con el Estado. Sin embargo, en este proceso hay que ponerse de acuerdo en tres materias fundamentales: Las competencias traspasadas, los expedientes en curso y el importe, naturaleza, calidad y cantidad de los medios que se traspasan.
Julio Pérez también hizo hincapié en que el Gobierno de Canarias no puede aceptar que se le traspase la competencia en costas en esas condiciones, ya que se trata de que «los ciudadanos noten que el traspaso mejora la calidad de los servicios, no de que sigan igual».
A esta opinión también se le sumaba la de Coalición Canaria-PNC que había señalado que no veían “voluntad de Madrid ni capacidad de presión del Gobierno de Canarias” en la transferencia de competencias de Costas que recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado en 2018, por lo que advertían que “Madrid se ríe de Canarias porque el Gobierno canario se lo permite”.
