A raíz de la futura propuesta de la Comisión Europea, que pretende reformar el mercado eléctrico para buscar una mayor independencia en los precios y acotar las emisiones de CO2, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decretado una serie de medidas de ahorro energético. Conocido como «Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización», se aprobó el pasado lunes, 1 de agosto, a través de un real decreto rey publicado en el Boletín Oficial del Estado.
En él, podemos encontrar todos los detalles relacionados con las decisiones tomadas para hacer frente a la crisis energética que está sufriendo el país. La baja inversión en la industria petrolera y del gas, junto con el repunte en la demanda de energía a nivel mundial y las bajas reservas de la materia prima, sitúan a toda Europa en una posición peliaguda. Por lo tanto, los gobernantes de cada país comienzan a intentar tomar medidas para paliar los posibles problemas que puedan crearse en los próximos meses. Por su parte, la Unión Europea ha instado a los países miembros a reducir en un 15% su consumo de gas, comenzando el 1 de agosto y finalizando el 31 de marzo de 2023.
«Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización»
Esta normativa establece que la temperatura del aire acondicionado en verano no podrá ser de menos de 27 grados, mientras que la calefacción no podrá superar los 19 grados en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, cines, estaciones de autobús y tren y aeropuertos. Este paquete ha sido ya debatido entre los ministerios implicados, liderados por el de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, «con el sector privado y los grupos parlamentarios», añadió Sánchez.
Además, deberán apagarse las luces de los escaparates a partir de las 22:00 y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso. También tendrán que tener las puertas cerradas cuando los sistemas de calefacción o refrigeración estén en funcionamiento. El sistema de cerrado de puertas deberá estar listo antes del próximo 30 de septiembre.
Los recintos públicos deberán revisar calderas e instalaciones térmicas siempre que la última revisión fuera anterior a enero de 2021, informar de las mejoras adoptadas e incorporar termómetros que hagan visible la temperatura.
No obstante, ha explicado la ministra, estas medidas se aplicarán teniendo en cuenta «flexibilidades relevantes», con el objetivo de garantizar «los derechos de los trabajadores, la seguridad laboral y las condiciones térmicas» de ciertos sitios públicos «siempre que quede justificado».
Multas y sanciones por incumplir la medida
Los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno podrán ser multados con sanciones que oscilan entre los 60.000 euros hasta 100 millones de euros.
Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han explicado a Europa Press que las sanciones que se aplicarán serán las recogidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), en los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. ¿Qué dice esa ley sobre las sanciones?
Las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente:
- Infracciones leves: multas de hasta 60.000 euros.
- Infracciones graves: multas de hasta 6.000.000 euros.
- Infracciones muy graves: multas de hasta 100.000.000 euros.
Fechas
Las medidas entran en vigor a las 00:00 horas de este miércoles 10 de agosto. Según se puede encontrar en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las temperaturas estarán referidas al «mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%».
El Gobierno también ha comunicado a través del real decreto ley la fecha en la que se acabará la validez de estas medidas. Será el 1 de noviembre de 2023, más de un año después de su implantación.
El ministerio de Transición Ecológica espera que las nuevas normas ayuden a dejara atrás la dependencia energética que mantiene el país, incrementando la eficiencia de distintos sectores ofreciendo 350 millones de euros en ayudas. Además, se animará a almacenar la energía en instalaciones renovables, realizando también una subasta con 3.300 MW para centrales eólicas y fotovoltaicas.
La medida entra en vigor de manera inmediata, pero tendrá que ser convalidada por el Congreso de los Diputados en un máximo de 30 días al tratarse de un decreto.
