Los afectados por la erupción se agarran a la «responsabilidad patrimonial», ante la «no advertencia» de riesgo volcánico
La erupción del 19 de septiembre de 2021 en La Palma ha sido «la culminación de un proceso que veníamos detectando desde octubre de 2017». Así lo define la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco, en un reportaje de Informe Trópico y así lo hemos escuchado en varias ocasiones a diferentes científicos durante los últimos meses.
Incluso el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, en una entrevista en Mírame TV deja constancia de la advertencia que le hacía el coordinador de INVOLCAN, Nemesio Pérez, en 2019 de que estaban observando «unos valores en la vigilancia que no son normales y, si esto continúa en el tiempo, hay que estar preparados porque en un año o año y medio podría haber un episodio volcánico en la isla». Aunque el alcalde asegura que el científico le pidió confidencialidad con este asunto.
Hay que recordar que en octubre de 2017, se produjo en la isla un enjambre con unos 300 terremotos detectados a unos 25 km de profundidad y en febrero de 2018 otro con cerca de 1000 terremotos algo más profundos, en ambos casos de muy poca magnitud y sólo una pequeña parte de ellos pudieron ser localizados, aunque todos han estado asociados a la dorsal de Cumbre Vieja. Incluso en 2017 la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (Pevolca), convocó al Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos.
El riesgo, como ya hemos descrito, se vino observando durante los cuatro años previos al momento de la erupción. Desde entonces y previo a ese momento, ya sabíamos, tal y como explica el IGN que «la única región española, actualmente expuesta a riesgo volcánico, es el archipiélago canario» y, dentro de este, La Palma es la isla más activa.
Desde el propio IGN apuntan que el rápido incremento de la población (tanto residente como de visitantes) y la cada vez mayor ocupación del territorio por edificaciones o instalaciones humanas, implican un inevitable aumento del peligro.
En el documento presentado por los damnificados, al que ha tenido acceso Onda Cero La Palma, insisten en que «nunca» se les advirtió «del riesgo volcánico que corrían sus propiedades y sus bienes y no se les obligó en ninguna norma jurídica, ni siquiera a efectos de mera recomendación, que se hicieran un seguro o reaseguro que cubriera el valor de sus propiedades». En este mismo documento, los afectados subrayan que esto no se hizo «a pesar de que según varios estudios científicos publicados venían advirtiendo del aumento de la sismicidad y del riesgo volcánico de la zona desde el año 2017 y, además, según reiterados estudios científicos la dorsal de Cumbre Vieja de La Palma es la zona de mayor probabilidad de volcanes en España y una de las zonas de mayor probabilidad de Europa».
Los damnificados señalan también la falta de información de forma «oficial» de los seguros de las viviendas porque «no se informó en los meses previos de que era necesario hacerse un seguro porque había riesgo volcánico; a los que ya tenían seguro, no se les informó que el seguro podía ampliar la cobertura y los que no tenían seguro, primero se dijo que no se podían hacer un seguro durante el volcán y pocos días después se cambió de criterio y sí se permitió, pero con un periodo de carencia de 7 días». Este último punto hace referencia al agravio comparativo que denunciaron los vecinos de El paraíso y Alcalá porque fueron los primeros en perder sus viviendas, sin tiempo de reacción.
Los vecinos y vecinas afectados por la erupción volcánica, ante toda esta situación, tienen sobre la mesa hacer uso de la responsabilidad patrimonial de la administración, recogida en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, lo que permite al ciudadano «exigir por los daños o lesiones que sufra como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, ya sean estos de la Estatales, de Comunidad Autónoma o de Ayuntamiento».
