Los servicios jurídicos de Sodepal detectan graves irregularidades en los contratos de cuatro de sus webs realizados la pasada legislatura.

La empresa pública se ve obligada a la paralización del servicio hasta que la contratación cumpla con todos los requisitos legales.

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Los servicios jurídicos de la Sociedad de Desarrollo Económico de LaPalma (Sodepal) han detectado evidentes y manifiestas irregularidades en la contratación realizada durante el pasado mandato para el mantenimiento de las páginas webs de los proyectos Transvulcania Bike,La Palma Film Commission, IslaBentura y La Palma Ecuestre, lo que ha obligado a la paralización del servicio hasta que la situación cumpla con todos y cada uno de los requisitos legales.

La consejera delegada de Sodepal, Raquel Díaz, ha manifestado que “lo que está ocurriendo con las webs de cuatro de nuestros proyectos es un nuevo ejemplo de cómo se gestionaba la sociedad pública durante la pasada legislatura”. A propósito, ha señalado que “nuestro objetivo desde el minuto cero ha sido regularizar los pagos con los proveedores, corregir el agujero económico de la sociedad y legalizar, como no podía ser de otra manera, todos los contratos que durante cuatro años se venían realizando sorteando la legalidad”.

Raquel Díaz ha señalado que “todas las empresas, todos los autónomos,deben tener los mismos derechos a trabajar con Sodepal. Y no es que lo digamos nosotros, no nos estamos inventado nada, es una cuestión de legalidad”. Sin embargo, “el informe jurídico que tenemos sobre la mesa nos deja al descubierto otra manera de trabajar que rechazamos de forma enérgica”.

Los juristas de Sodepal advierte en su informe de que con las webs ahora paralizadas “se observa un fraccionamiento del objeto del contrato, puesto que existen cuatro contratos para un mismo servicio con el mismo contratista”. Además, subraya que “nos encontramos ante una prestación que presenta un carácter recurrente año a año (…). Se observa claramente que la finalidad ha sido la cuantía del contrato y eludir los requisitos de publicidad y relativos al procedimiento de adjudicación correspondiente, en cumplimiento del artículo 99 de la Ley de Contratos del Sector Público”.

Los servicios jurídicos de la empresa pública van incluso más lejos y subrayan que “atendiendo a cada uno de los proyectos presentados, se establece que el contrato será objeto de una prórroga tácita”, cuando en cumplimiento del artículo 29.8 de la LCSP “los contratos menores (…) no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”. Es más, el artículo 29.8 de la misma ley refleja que “en ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes”.

Otro de los incumplimientos detectados es el relativo a la adjudicación del servicio de mantenimiento de las webs objeto del informe, ya que a efectos formales “no existe adjudicación efectuada por el órgano de contratación, no existiendo contrato alguno”. Tampoco queda determinada “la conformidad de que el servicio ha sido realizado satisfactoriamente.

No existe documentación alguna que lo acredite”.

Toda la documentación existente sobre esta contratación se ha analizado minuciosamente para determinar si debe ser trasladarla a la autoridad
competente.

Raquel Díaz ha explicado que “sabemos de la importancia de mantener activas todas las webs de Sodepal”, por lo que “estamos trabajando para recuperarlas, mejorarlas y gestionarlas lo antes posible en el marco de la legalidad y con la mayor profesionalidad”. Sin embargo, “con un informe jurídico tan contundente lo menos que puede hacer el responsable de todo lo ocurrido es pedir disculpas a todos los ciudadanos, asumir que facilitó contrataciones fuera de la legalidad y mostrar su apoyo para mejorar la imagen que nos hemos encontrado de la empresa pública”.

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