La erupción del volcán de La Palma que comenzó el 19 de septiembre de 2021, acabó el 13 de diciembre de 2021; pero a 13 de junio de 2022, seis meses después convivimos con un «volcán» activo, que muchos califican «peor» que el todavía sin nombre de Cumbre Vieja. No solo lo hacen las miles de personas que perdieron su vida material durante los 85 días que duró la erupción más larga de la historia de la Isla de La Palma y la tercera de toda Canarias. También el ámbito político se ha adueñado del término «nuevo volcán» porque ya resulta imposible no reconocer todo lo que «hemos tardado» y, pero aún, lo que «estamos tardando».
Estamos tardando más de seis meses en dar respuesta a lo que en su momento era (y sigue siendo) lo más urgente: la emergencia habitacional. Todavía hay cerca de 300 personas en hoteles y otros cientos en casa de amigos o familiares. Unas 110 viviendas son las que se han entregado en la Isla, menos de la mitad de las que espera entregar el Gobierno de Canarias (en torno a 260). Para la entrega, la primera fecha fue finales de 2021, la siguiente abril de 2022 y la que estamos esperando en este momento es julio-agosto de 2022; siendo esta espera la incertidumbre que más malestar provoca entre los afectados.
Más allá de la entrega de viviendas, todavía se esperan respuestas a preguntas que tienen que ver con lo que eran segundas viviendas, comercios o viviendas vacacionales. Los que fueron propietarios de estas edificaciones ya perdidas, siguen sin saber cuál será su ayuda ni forman parte del Decreto Ley que permita la construcción en suelo rústico.
El agua sigue siendo uno de los peores dolores de cabeza. Varias obras ejecutadas por vía de emergencia y las desaladoras han logrado que el agua llegue a los cultivos del sur de las coladas. Sin embargo, ni es el agua suficiente (todavía no se ha llegado a 8.000 metros cúbicos, de los 10.000-12.000 prometidos hace meses por el Gobierno de Canarias) ni se sabe con toda certeza cuánta habrá durante el verano ni hasta que se ejecute la solución definitiva, que tardaría otros cinco o seis meses.
Las propias administraciones públicas locales también arrastran las consecuencias del nuevo volcán. A ellas apenas ha llegado apoyo económico, pero no han podido dejar de hacer un esfuerzo extra para habilitar ayudas o servicios, limpieza de ceniza, etc. Solo el Cabildo Insular de La Palma contabiliza unos 80 millones de euros de gasto para dar respuesta a la emergencia.
Quizás el mayor avance y el que mejor ritmo ha llevado durante todo este tiempo ha sido el de la recuperación de conexiones. Ha día de hoy se han recuperado decenas de caminos y se ha logrado uno de los mayores retos: conectar el norte y el sur de las coladas. Sin embargo, aquí ahora queda la otra lucha: la de la carretera de la Costa, que insisten los vecinos en que se llevará «los que el volcán no nos quitó».
Un larga lista de cuestiones que, seis meses después, siguen siendo «el pan de cada día» en La Palma y a la que se suman otras también tan importantes como las consecuencias en salud mental, la otra gran secuela del volcán. Una reconstrucción que no está siendo fácil y que no podría serlo de ninguna de las maneras, que ha mostrado la capacidad de resiliencia del palmero y que, por muy difícil que se vuelquen las cosas, lo que sí no podrá llevarse ningún volcán serán las ganas de volver a empezar.
