Podemos anuncia que la Fiscalía «ve posible delito de prevaricación y malversación en la carretera del norte de La Palma»

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La denuncia presentada hace un año por el grupo Podemos en el Parlamento de Canarias ante las presuntas irregularidades observadas en la carretera del norte de La Palma ha tenido respuesta.

La Fiscalía ha remitido un oficio en el que solicita “los correspondientes expedientes administrativos a la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias al observar que las irregularidades denunciadas por Podemos pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, acordando presentar así, una denuncia contra el entonces consejero Domingo Berriel, como presunto autor de uno o varios delitos de prevaricación, solicitando su declaración en calidad de investigado”.

Así lo ha hecho público el diputado de Podemos Manuel Marrero, afirmando que se trata de “un primer paso de la Fiscalía que viene a avalar una denuncia con la que hemos querido defender la transparencia en el uso del dinero público”.

La historia de esta obra se remonta a más de una década. Ya el Consejo Consultivo de Canarias en el 2016 emitió un informe que recogía que se había incrementado el presupuesto en un 66% y la obra había disminuido en un 33%. “Yo he tenido acceso a ese expediente una vez finalizada la obra, no era un 66% sino un 96,5%, algo fuera de toda legalidad, un sobrecoste desmedido” afirma Marrero.

A pesar de que son varios los partidos que en estos años han pasado por dicha consejería, nadie denunció estas posibles irregularidades hasta hace un año. “Nos ha molestado mucho el obstruccionismo del Gobierno de Canarias cuando le hemos pedido información. Lo que han hecho es darnos una lista de teléfonos de funcionarios para que nos dirigiéramos a sus despachos”.

Continuando con este procedimiento, el siguiente paso será abrir la fase de instrucción del procedimiento penal. Marrero ha hecho hincapié en “seguir manteniendo la presunción de inocencia de las personas que sean llamadas al juzgado, pero el dinero público debe ser exquisito en su gestión y transparente”.