¿Qué pasará tras el fin del estado de alarma con las restricciones, el toque de queda y el confinamiento en España?

El estado de alarma finaliza el próximo 9 de mayo entre diversas dudas. Son varias comunidades solicitan al Ejecutivo que lo prorrogue nuevamente a pesar de que el Gobierno asegura que las comunidades tienen herramientas suficientes para limitando la movilidad. ¿Qué ocurrirá con las restricciones de movilidad cuando termine?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Getty Images

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado en numerosas ocasiones que no habrá una prórroga del estado de alarma una vez finalice el próximo 9 de mayo. Asimismo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, también ha insistido en que la previsión del Gobierno es la de no ampliar el estado de alarma ya que sostienen que las comunidades tienen estrategias vigentes para controlar la transmisión del coronavirus que seguirán vigentes una vez finalice el estado de alarma.

Según avanzaba Darias, «una vez finalice el estado de alarma la prioridad del Ministerio de Sanidad va a seguir siendo la misma, por lo que seguiremos trabajando intensamente con las comunidades autónomas para seguir salvando vidas y recuperando la normalidad».

El 9 de mayo termina el segundo estado de alarma por el que ha pasado España desde el inicio de la pandemia del coronavirus. En concreto, este segundo estado de alarma se decretó el 25 de octubre de 2020 y que ha durado seis meses y medio.

Sin embargo, el principal problema a afrontar ahora es el levantamiento de las medidas de que, como el toque de queda o el confinamiento perimetral, requieren de este paraguas legal. ¿Qué ocurrirá con las restricciones de movilidad cuando finalice el estado de alarma?

El Gobierno asegura que las comunidades podrán limitar la movilidad en sus regiones

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha alegado que, aunque el 9 de mayo habrá un levantamiento de las medidas, las propias comunidades autónomas tienen opciones para continuar tomando medidas para limitar la movilidad dentro de sus territorios, siempre y cuando estén respaldadas por los tribunales.

En este sentido, Montero ha insistido en que lo que acaba junto con el estado de alarma «son las medidas generales», mientras «lo que no acabará nunca es la competencia que tienen las comunidades para delimitar cuáles son las medidas de seguridad que en su territorio se pueden poner en marcha. Eso es algo importante».

Asimismo, la ministra ha explicado que desde el Consejo Interterritorial «se seguirán promoviendo instrucciones y normas para toda la población», y que, además, existen «instrumentos suficientes para continuar con esta cogobernanza» con las comunidades autónomas, en la que «cada uno en su marco establece los límites de restricción».

El Consejo Interterritorial podrá obligar a las CCAA a restringuir la movilidad

Por otra parte, la vicepresidenta Carmen Calvo ha defendido «sin estado de alarma se permite cualquier medida salvo el confinamiento». En una entrevista que concedió a Canal Sur, Calvo explicó que una vez decaiga el estado de alarma el Consejo Interterritorial podrá obligar a las Comunidades Autónomas a restringir la movilidad mediante acciones coordinadas y órdenes ministeriales.

Las medidas, en manos de los tribunales

Desde hace meses los expertos llevan alertando que tanto las medidas Real Decreto 926/2020, del 25 de octubre, como las restricciones a la movilidad, los confinamientos nocturnos o los cierres perimetrales, dejarían de tener efecto una vez decaiga el estado de alarma. Esto podría generar problemas como los que ya vimos durante verano y otoño, cuando un juez de Madrid tumbó las medidas del Gobierno de la Comunidad de Madrid que, finalmente, fueron avaladas por el Tribunal Superior.

A raíz de esta polémica, el Gobierno de Pedro Sánchez notificó un nuevo cambio para que fuesen los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y no los juzgados los que ratificaran las medidas adoptadas por las propias comunidades.

Medida que hacía que los jueces se convirtiesen en árbitros de la pandemia y provocaba desajustes que permitían que una misma medida fuera avalada en una comunidad mientras que en otra autonomía era anulada.

Ahora, con el final del estado de alarma tan cerca, las órdenes de ayuntamientos y Gobiernos autonómicos estarán de nuevo en manos de los tribunales. Algo que solo genera una gran confusión entre los ciudadanos.

Las CCAA podrán ampararse en la Ley de Salud Pública

Según recuerda el Ejecutivo de Sánchez, tanto los ayuntamientos como las Comunidades Autónomas podrán ampararse nuevamente en la Ley de Salud Pública de 1986. Dicha ley posibilita que las administraciones públicas tengan la opción de decretar medidas especiales por razones sanitarias de urgencia o necesidad. De hecho, de esta manera los tribunales avalaron medidas autonómicas como el cierre perimetral de León o el de Casariche (Sevilla) y Almodóvar del Río (Córdoba).

Aunque los expertos sostienen que esta ley puede ser el origen de muchas discrepancias y la tachan de «caduca y obsoleta» ya que está pensada para enfermos concretos y no para una pandemia como la que estamos viviendo del coronavirus.

Además, advierten de que someter estas decisiones al control de la autoridad judicial no es obligatorio en todos los casos, únicamente si se ven afectados los derechos fundamentales. Aún así, no imposibilita que los ayuntamientos y CCAA busquen la ratificación del juez. De esta manera, algunas medidas como la restricción de horarios comerciales y de hostelería sí que podrían establecerse sin necesidad del estado de alarma.

Opiniones dispares en las CCAA respecto al fin del estado de alarma

Los gobiernos autonómicos han mostrado diversas posturas ante el anuncio del presidente del Gobierno de que el próximo 9 de mayo finalizará el estado de alarma.

La Junta de Andalucía han calificado la decisión de «precipitada» y critican que Sánchez esté anteponiendo los intereses políticos a los sanitarios.

El Gobierno de Castilla y León comenta que todavía hay «ciertas dudas, sobre todo desde el punto de vista jurídico»,sobre cómo actuar si se acaba el estado de alarma.

Asimismo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reiterado que buscará «hasta el último momento» la prórroga del estado de alarma para todo el Estado. Además, ha señalado que es «muy cuestionable» la aplicación de un estado de alarma «a la carta» por autonomías.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha comentado que el Gobierno de Pedro Sánchez «parece negacionista» al hablar del final del estado de alarma sin haber dado alternativas a las comunidades para afrontarlo.

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Ejecutivo de estar pensando más en las elecciones del 4 de mayo que se van a celebrar en la región que de la pandemia del coronavirus.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha explicado que su comunidad abrirá una vez decaiga el estado de alarma porque «no hay capacidad legal para que un presidente pueda confinar un territorio».

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado que solicitará al Gobierno central «ciertas adaptaciones en materia de limitación de horarios», porque considera que las comunidades no tienen competencias suficientes.

La presidenta de Navarra, María Chivite, comprende que existan comunidades que quieran una prórroga del estado de alarma, porque ya tuvieron «problemas con sus tribunales de justicia». Aunque en su comunidad no lo han vivido, ya que los jueces sí autorizaron el cierre perimetral.

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, confirma que pretende mantener una relación «continua» con el resto de las comunidades para llevar acabo una acción conjunta y coordinada después del 9 de mayo.

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha matizado que su comunidad sí tiene una ley autonómica que «permitirá afrontar el escenario posterior al 9 de mayo» y por lo tanto «no impedirá, en el caso de que fuera necesario, la adopción de cierres perimetrales de municipios, comarcas o provincias».

La Generalitat de Cataluña se ha mostrado en contra de la finalización del estado de alarma y su presidente en funciones Pere Aragonés, ha confirmado que modificarán la ley de Salud Pública para poder continuar con las medidas de restricción.

A su vez, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López-Miras, censura al Gobierno de Sánchez por negarse a una prórroga y considera que «nos lleva a un callejón sin salida».

Al igual que varios líderes autonómicos, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha reclamado al Gobierno de Sánchez que posibilite que las Comunidades Autónomas puedan ordenar el toque de queda después del estado de alarma.

El presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puix, aseguró en Más de uno que el estado de alarma termine el 9 de mayo es «razonable» y «positivo».

Al igual que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que también piensa que es «una noticia magnífica» y defiende que se tome ante una mejora de los datos de contagio «después de tantos meses de sufrimiento, zozobra y angustia».

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también es partidario de mantener el estado de alarma durante otro mes Además, ha adelantado que su comunidad mantendrá el toque de queda después del 9 de mayo.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ve lógico que finalice ya el estado de alarma porque «no se puede vivir eternamente en un estado de excepcionalidad».