Se registran 375.000 pleitos judiciales en Canarias durante el año pasado, más que en el resto de Comunidades Autónomas
En el día de hoy se presentó a los medios la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre 2021. Entre los datos que ofrece esta memoria, se establece que los 210 órganos judiciales de la comunidad autónoma de Canarias registraron durante 2021, en los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social), un total de 374.083 asuntos, un 10,8% más que en 2020. Resolvieron 372.104 y dejaron en trámite de resolución a 31 de diciembre de 2021 un total de 158.052 litigios.
La memoria, aprobada por la Sala de Gobierno del TSJC en su reunión del pasado 28 de marzo en La Palma, revela que Canarias volvió a ser en 2021, como ya lo había sido en los dos años anteriores, el territorio del Estado donde más se litigó: 171,10 pleitos por cada 1.000 habitantes, 38,7 más que la media del Estado (132,33) y 27,01 más que la segunda en el escalafón, Andalucía, que computó 144,09 litigios por cada 1.000 habitantes.
En el ámbito de la jurisdicción civil, el informe detalla que las oficinas judiciales de las Islas registraron durante 2021 un total de 151.996 asuntos (un 21,8% más que en el año anterior), resolvieron 146.796 (un 26,3% que en 2020) y dejaron pendientes de resolución, a 31 de diciembre, 92.343, un 4,8% más que al final de 2020.
En el orden penal, se computaron 184.783 asuntos nuevos (un 3,4% más que el año anterior), se resolvieron 186.091 (un 7,7% más) y quedaron en trámite de resolución a final de año 39.501 casos, un 0,11% más que en 2020.
En la jurisdicción contencioso-administrativa se incoaron 10.571 procedimientos (un 32,2% más que en 2020), se resolvieron 10.018 (un 34,7% más) y quedaron pendientes 7.579 (un 13,2% más).
En el orden social, los órganos judiciales del Archipiélago incoaron 26.733 procesos (un 2,05% más que en 2020), resolvieron 29.199 (un 31,2% más que el año anterior) y dejaron en trámite a fin de año 18.629, un 11,9% menos que en el ejercicio previo.
En cuanto a partidos judiciales, el de Las Palmas de Gran Canaria fue, en términos absolutos, el que más litigios de todo tipo registró el año pasado (96.313), seguido de Santa Cruz de Tenerife (58.375), Arrecife de Lanzarote (27.691), San Cristóbal de La Laguna (25.841), Arona (23.713), San Bartolomé de Tirajana (22.999), Telde (22.201), Puerto del Rosario (15.985), Granadilla de Abona (9.400), La Orotava (8.972), Santa María de Guía (6.964), Arucas (5.789), Güímar (5.655), Los Llanos de Aridane ((4.004), Icod de los Vinos (3.979), Santa Cruz de La Palma (3.771), Puerto de la Cruz (3.662), San Sebastián de la Gomera (1.319) y Valverde de El Hierro (642).
A juicio del presidente, según la nota de prensa emitida, los datos de la memoria ponen de manifiesto el incremento de asuntos y el elevado nivel de litigiosidad de nuestro territorio. “La pregunta obligada es ¿qué podemos hacer para reducirla?”, expuso. Igualmente, continuó Bragado, las cifras evidencian “el alto nivel de rendimiento de los órganos judiciales de Canarias, lo que demuestra el esfuerzo y dedicación de los titulares y de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia” y el incremento de la pendencia: “Pese a la dedicación y al rendimiento, la pendencia aumenta en todas las jurisdicciones, salvo en la social”.
La conclusión, sintetizó, “es que se necesitan más órganos judiciales. Parece que este año nos van a corresponder entre cuatro y seis, pero se necesitan muchos más. Mientras se crean, lo único que podemos hacer desde la Sala de Gobierno, y así lo venimos haciendo, es solicitar medidas de refuerzo, no siempre concedidas. Además topamos con el problema de la falta de coordinación entre las administraciones con competencias en la materia”.
El presidente subrayó que el documento pone de manifiesto también la necesidad de introducir cambios en la organización: “El modelo actual, basado en unidades judiciales atomizadas resulta obsoleto e ineficiente. Necesitamos con urgencia un rediseño de la planta judicial y que se implanten los tribunales de instancia”. “Necesitamos también que se mejoren las infraestructuras judiciales”, explicitó; “hay partidos judiciales, como el de Las Palmas de Gran Canaria, que disponen de magníficas instalaciones, pero en otros se aprecian importantes deficiencias: todo ello se describe en la memoria”.
Bragado reclamó también mejoras en el sistema informático, “para que satisfaga las exigencias que contempla la Instrucción 1/2018 del Consejo General del Poder Judicial, para que el expediente electrónico sea una realidad y cumpla con todas las garantías. Sabemos que se está poniendo en marcha una nueva versión del programa Atlante, la 1.8, que va en esa dirección. Confío en que los problemas que se están registrando se solventen a corto plazo”, declaró.
El magistrado no quiso pasar por alto en la presentación de la memoria los notables cambios en el formato del documento: “Hemos incorporado nuevos patrones de diseño, dinámicos, modernos, que faciliten la lectura y comprensión, que acerquen al lector a una visión global del complejo mundo que es la Administración de Justicia”, dijo.
Destacó que el documento no sólo renueva las formas, sino también los contenidos: “Hemos introducido aspectos inéditos en otras memorias, como el informe del secretario de gobierno, la referencia a la justicia interina o a la plantilla de funcionarios; hay un apartado dedicado a traductores e intérpretes y otro sobre las cifras de la Justicia, todo ello con sujeción a unos principios básicos de actuación: claridad, transparencia y rendición de cuentas a la sociedad”, declaró.