Torres anuncia la elaboración de un Plan de Refuerzo  2024-2027, para mejorar la atención de la  Administración General del Estado en los territorios 

El ministro pone en valor el programa La Administración Cerca de Ti tras el incendio de Valencia, donde un equipo estuvo centrado en resolver trámites de las personas damnificadas: “Trasladaremos los equipos de este programa allá donde se produzca una catástrofe”

El ministro de Política Territorial y Memoria  Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que su departamento elaborará un Plan de Refuerzo de la Administración General del Estado (AGE) en el territorio  2024-2027, “para garantizar la prestación de los servicios públicos e impulsar una  transformación marcada por una vocación clara de servicio a la ciudadanía”. 

Ángel Víctor Torres, que ha presidido hoy en Valencia la Comisión Interministerial  de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE), integrada  por los delegados y delegadas del Gobierno en las comunidades y ciudades  autónomas, y los subsecretarios y subsecretarias de los departamentos  ministeriales, ha expresado su solidaridad con los ciudadanos de Valencia y  Villajoyosa, y con las familias de las víctimas de los recientes incendios. 

Torres, acompañado del secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi  España, y de la secretaria general de Cooperación Territorial, Miryam Álvarez, ha  subrayado la importancia de la coordinación de los distintos territorios ante las  emergencias, asunto en el que ha hecho hincapié la directora general de  Protección Civil, Virginia Barcones, que ha participado también en la reunión. 

El ministro mencionó la “favorable acogida” que ha tenido un instrumento  impulsado por el ministerio como es el programa La Administración Cerca de Ti,  gracias al cual se dedicó un equipo en exclusiva para atender a personas  afectadas por el incendio de Campanar, en Valencia, facilitando la realización de  gestiones como el DNI o trámites con DGT, entre otras. Tras esta experiencia,  Torres avanzó que, a partir de ahora, se desplazarán equipos donde sea  necesario para la atención inmediata a los afectados en catástrofes. 

El ministro también ha puesto en valor el papel de las delegaciones y  subdelegaciones del Gobierno que, entre otros servicios, resuelven más de 1,2  millones de permisos de residencia y trabajo de extranjeros, garantizan los  productos y alimentos que entran por nuestros puertos y aeropuertos -con el  trabajo de más de 600 veterinarios, farmacéuticos y agrónomos- o tramitan  centenares de proyectos de energías renovables que están cambiando el tejido  productivo de los territorios de nuestro país: “Las delegaciones del Gobierno son  el reflejo de la Administración General del Estado en el territorio, garantizando la  cohesión social y facilitando la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y  ciudadanas”. 

Refuerzo de la Administración General del Estado en el territorio 

En la CICAPE se ha dado a conocer el Plan de Refuerzo de la AGE en el territorio 2024-2027, que será impulsado por el Ministerio de Política Territorial y que girará  en torno a cuatro ejes: 

– Primer eje: accesibilidad de la ciudadanía a la Administración, garantizando la  atención presencial y aprovechando las nuevas tecnologías para ofrecer una  atención multicanal y mejorar la prestación de servicios con la digitalización de  la gestión. Se trata de combinar avances tecnológicos, inclusión y cercanía. 

– Segundo eje: ordenación de los recursos humanos para una gestión eficiente  de los servicios públicos y diseño de una nueva estructura, con unos perfiles  de recursos humanos adecuados y una dirección por objetivos que permita a  los empleados conocer sus resultados y la vinculación con sus retribuciones. 

– Tercer eje: visibilidad de la AGE en el territorio, desde el refuerzo de la imagen  de la Delegación del Gobierno, la coordinación de la AGE en el territorio y una  apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía. 

– Cuarto eje: sostenibilidad, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible  de la Agenda 2030, con grandes programas, como eficiencia energética de los  inmuebles y automóviles, reducción de residuos y consumo de papel.

Refuerzo del papel de los delegados y delegadas del Gobierno 

Ángel Víctor Torres ha subrayado la necesidad de “reforzar el papel de los  delegados y delegadas como representantes del Gobierno en el territorio,  estrategia que exige el compromiso y complicidad de todos los departamentos  ministeriales para garantizar una coordinación y comunicación fluidas”.  

En este sentido, la CICAPE se activa como espacio de referencia de los  ministerios “para avanzar en el compromiso de nuestro Gobierno de ofrecer a la  ciudadanía, en el conjunto del territorio, servicios públicos eficaces, accesibles y  visibles”, ha indicado. 

Los delegados y delegadas son, en muchos territorios, la única presencia política  del Gobierno de España y su papel cobra especial relevancia porque son quienes  trasladan a los ciudadanos las políticas públicas estatales. 

El ministro se ha comprometido a reunir dos veces al año la CICAPE, a hacerlo  fuera de Madrid y a que se organicen las comisiones permanentes necesarias  para abordar asuntos sectoriales que afecten a más de un departamento  ministerial. 

Datos de La Administración cerca de ti 

La CICAPE ha conocido el balance del Plan La Administración cerca de ti, que  acerca los trámites y servicios públicos a las localidades con menos de 8.000  habitantes, donde residen más de 8 millones de ciudadanos, de los que 2,5  millones (30%) son mayores de 60 años. 

En el último año se han realizado casi 4.000 sesiones informativas en los pueblos,  a través de 1.400 empleados y empleadas públicos desplazados, con atención a más de 41.000 personas y emitiéndose en los pequeños municipios hasta 18.000  certificados digitales y más de 15.000 de Cl@ve permanente. 

Ángel Víctor Torres defiende este Plan, “una apuesta del Ministerio de Política  Territorial y Memoria Democrática al que se pueden sumar los municipios con  menos de 8.000 habitantes que lo deseen, para tener más cerca la Administración  y conseguir una mejor atención a ciudadanos que han estado olvidados”. 

Actuación de la AGE tras el incendio en el barrio de Campanar 

El Gobierno declaró ayer Zona afectada gravemente por una emergencia de  protección civil áreas afectadas por incendios, inundaciones y otros fenómenos  en siete comunidades, entre ellas, el edificio destruido por el fuego en el barrio  valenciano de Campanar.

El portero del inmueble, Julián García, será condecorado por su «valiente  actuación» y recibirán medallas al Mérito de la Protección Civil integrantes de los  servicios de emergencia y cuerpos de seguridad que trabajaron «hasta el límite»  durante el incendio del 22 de febrero, en el que perdieron la vida 10 personas. 

Desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y la Subdelegación  del Gobierno en Valencia, la Administración General del Estado dispuso atención inmediata a los afectados por el incendio del barrio de Campanar: 

– Colaboración con las distintas administraciones públicas y consulados. 

– Un equipo nuclear de cinco miembros de las Oficinas de Extranjería y  Protección Civil, apoyados por otros empleados públicos, para las  actuaciones que se precisaran, principalmente en materia de extranjería, ya  que buena parte de los afectados no son de nacionalidad española. 

– Teléfonos de atención a disposición de los afectados de nacionalidad  extranjera, para atender peticiones de permisos de trabajo, residencia,  renovación de anteriores solicitudes, estancia por estudios, tarjetas  temporales y permanente de familiar de ciudadano de la UE, trámites de  residencia por circunstancias excepcionales o información y asesoramiento. 

– Policía Nacional: dispositivo específico de atención a los afectados para  proporcionar documentación y atención de manera preferente. 

– Jefatura Provincial de Tráfico: disposición del permiso de conducir y de la  documentación del vehículo a través del teléfono móvil, accediendo a la  sede electrónica, y un teléfono de atención para los afectados, con atención  preferente también en las oficinas. 

– MUFACE: atención para gestiones de mutualistas afectados, como tarjeta  sanitaria, talonarios de recetas o cambios provisionales de domicilio. 

Atención de menores migrantes no acompañados 

Sobre la atención a menores migrantes no acompañados, Ángel Víctor Torres se  ha referido a la celebración, el próximo 18 de marzo, de una comisión  intersectorial con las comunidades autónomas, convocada por la ministra de  Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz. Además, anunció que está  prevista la celebración posterior de una comisión interministerial de migraciones,  coordinada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El ministro ha señalado que se han mantenido diversas reuniones sobre esta  materia y que se está valorando, por parte de los servicios jurídicos, la propuesta  elevada por el Gobierno de Canarias para la modificación normativa que regularía  el reparto de menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas.  “Espero que en este mismo mes de marzo podamos contar con la propuesta de  modificación normativa, pero ello exige dos cuestiones: primero, hay que  encontrar la opción jurídica más viable; y segundo, ello requiere del compromiso de los distintos grupos políticos, ya que cualquier cambio en la norma tiene que  pasar por las Cortes Generales”, ha aclarado Torres. 

Ángel Víctor Torres ha agregado que “el esfuerzo de gobierno de España es  indudable. En 2023, se destinaron 50 millones de euros al Gobierno de Canarias  para la gestión de los menores migrantes no acompañados, igual que se hizo en  2022. Además, se han celebrado dos conferencias sectoriales para que la tutela,  guarda y custodia sea igual en el resto de las comunidades”, ha indicado. Sin  embargo, considera que “el volumen de menores desplazados es muy bajo, por  las dificultades con esos convenios bilaterales” y espera estar “a las puertas” de  cerrar “un compromiso por parte de todas las fuerzas políticas para la  modificación normativa que permita un reparto con criterios objetivos” de estos  niños y adolescentes, con “una obligación por parte de las comunidades  autónomas, junto al compromiso del Gobierno de España”.