Afectados por la erupción abordarán en una reunión la reclamación sobre la responsabilidad patrimonial de las administraciones

Comienzan las actuaciones para reclamar la responsabilidad patrimonial de las administraciones, tras la erupción volcánica del pasado 19 de septiembre de 2021. Por esto, Iniciativa de Apoyo Ciudadano a los Afectados por el Volcán de la Isla de La Palma convoca a los afectados a una reunión el miércoles, 13 de abril, a ls 16:30 horas, en la Casa de la Cultura de El Paso, donde se expondrá «el alcance de las medidas a adoptar, así como de los trámites para la iniciación de las acciones judiciales de la reclamación sobre la responsabilidad patrimonial que tiene la administración».

Desde la Iniciativa de Apoyo Ciudadano a los Afectados por el Volcán de la Isla de La Palma se señala en nota de prensa que «llevamos meses recopilando documentos gráficos, informes técnicos y científicos, declaraciones en medios y en congresos que sustentaría la acción que hoy ponemos en marcha para reclamar la responsabilidad patrimonial de las administraciones», documentación con la que se basarían en  «las evidencias y declaraciones de que conocían por los datos y las manifestaciones de los científicos, que los enjambres sísmicos que se sucedían desde 2017 con seguridad acabarían con la erupción del 19 de septiembre de 2021«.

En esta reunión se explicarán las fases de la acción, se abordarán las cuestiones administrativas, se informará de los documentos necesarios, de cuál es el procedimiento para obtenerlos, así como de las condiciones ventajosas que se han conseguido de un despacho de abogados de referencia nacional por los casos que han defendido y de tasadores de Madrid sensibles a la realidad de lo acontecido con el volcán. Todo ello nos permitirá plantear la mejor acción posible de reclamación patrimonial de lo perdido.

Durante estos meses, se indica en nota de prensa, la Iniciativa Ciudadana ha trabajado con ellos desde Madrid con objeto de conseguir que pudieran entender la dimensión de la catástrofe, las peculiaridades de la zona afectada y de sus propietarios, de forma que tanto las tasaciones de las propiedades perdidas como las acciones judiciales a emprender se correspondieran y diesen certidumbre a la realidad de los afectados.