Aprobada la primera Ley de Volcanes en España, impulsada por la ciudadanía de La Palma
La norma garantiza derechos, compensaciones y coordinación en emergencias para afectados por erupciones volcánicas en Canarias.
La Primera Ley de Volcanes de España ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias, tras una iniciativa respaldada por más de 19.000 firmas ciudadanas. La normativa protege a las personas afectadas por erupciones volcánicas en La Palma y el resto del Archipiélago, reconociendo derechos sociales y económicos, asegurando compensaciones a valor real de los bienes perdidos, garantizando acceso a vivienda digna y fortaleciendo la coordinación institucional en emergencias volcánicas.
La ley tiene carácter retroactivo, lo que permitirá beneficiar también a afectados de erupciones anteriores en La Palma, consolidando la isla como un ejemplo de resiliencia y respuesta colectiva ante la adversidad. Además, incluye medidas clave para mejorar la gestión de emergencias y reforzar la protección de los ciudadanos frente a futuros eventos volcánicos.
El desarrollo de esta normativa es fruto de la movilización ciudadana en La Palma, donde los afectados y vecinos realizaron una intensa campaña de recogida de apoyos. Más de 19.000 firmas recogidas en toda Canarias avalaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha culminado con la aprobación de la Ley de Volcanes. Este esfuerzo refleja la capacidad de la sociedad palmera para transformar experiencias difíciles en soluciones legales y de protección social.
Entre los principales beneficios de la ley se encuentran:
- Reconocimiento de derechos sociales y económicos para los damnificados.
- Compensaciones a valor real de los bienes perdidos durante la erupción.
- Garantía de acceso a vivienda digna para todos los afectados.
- Carácter retroactivo, beneficiando a afectados de erupciones pasadas.
- Refuerzo de la coordinación institucional para la gestión de emergencias volcánicas.
Con la aprobación de esta ley, La Palma y Canarias se sitúan a la vanguardia en España en materia de protección civil y derechos sociales, sirviendo como ejemplo de cómo la colaboración ciudadana y el consenso político pueden generar soluciones efectivas frente a desastres naturales. La normativa consolida al Archipiélago como un referente de resiliencia y de respuesta colectiva ante las adversidades volcánicas.
