Afectados «de una catástrofe previsible» dan los primeros pasos para reclamar la responsabilidad patrimonial de las administraciones

Durante el encuentro también se barajó la posibilidad de iniciar una reclamación por agravio comparativo si la demanda por responsabilidad patrimonial no fuera viable.

Una de las manifestaciones de los afectados por el volcán ( Onda Cero La Palma)
Una de las manifestaciones de los afectados por el volcán ( Onda Cero La Palma)

Medio centenar de afectados por la erupción volcánica del pasado 19 de septiembre de 2021 se han reunido en la tarde del miércoles, 13 de abril, para poner en común los pasos que comenzarán a dar en los próximos días para reclamar la responsabilidad patrimonial de las administraciones, recogida en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, lo que permite al ciudadano «exigir por los daños o lesiones que sufra como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, ya sean estos de la Estatales, de Comunidad Autónoma o de Ayuntamiento», al entender que conocían que la erupción volcánica era eminente.

«Las evidencias y declaraciones de que sabían por los datos y las manifestaciones de los científicos, llevaban a conocer que los enjambres sísmicos que se sucedían desde 2017 con seguridad acabarían con la erupción del 19 de septiembre de 2021«. Tanto es así que, incluso, durante la convocatoria de este miércoles se llegó a afirmar que pedirán informes del PEVOLCA, como un documento más de sustentará la demanda «pues 15 días antes de que se produjera la erupción volcánica, científicos solicitaron que estas reuniones fueran grabadas».

Desde la Iniciativa de Apoyo Ciudadano a los Afectados por el Volcán de la isla de La Palma, plataforma convocante de esta reunión, ya se ha contactado con equipos de abogados que serán los encargados de estudiar la viabilidad de una posible demanda, que de llegarse a presentar aunaría todos los expedientes de los afectados que quisieran unirse, pero ateniendo a cada caso de manera individual. De prosperar, el siguiente paso será la vía administrativa hasta llegar a una tercera fase, la judicial. No obstante, Óscar Martín, miembro de esta asociación fue claro al afirma que «no queremos arrastrarles a nada, solo estamos proporcionando información», pues «solo somos personas con vocación de servicio que han estado trabajando durante estos meses para descubrir qué ha pasado», señalando que «lo sabían y no nos lo dijeron».

Durante el encuentro también se barajó la posibilidad de iniciar una reclamación por agravio comparativo si la demanda por responsabilidad patrimonial no fuera viable. Es decir, los damnificados señalan también la falta de información de forma «oficial» de los seguros de las viviendas porque «no se informó en los meses previos de que era necesario hacerse un seguro porque había riesgo volcánico; a los que ya tenían seguro, no se les informó que el seguro podía ampliar la cobertura y los que no tenían seguro, primero se dijo que no se podían hacer un seguro durante el volcán y pocos días después se cambió de criterio y sí se permitió, pero con un periodo de carencia de 7 días». Este último punto hace referencia al agravio comparativo que denunciaron los vecinos de El paraíso y Alcalá porque fueron los primeros en perder sus viviendas, sin tiempo de reacción.

En términos generales,, el encuentro sirvió para que afectados recibieran información de los documentos necesarios, de cuál es el procedimiento para obtenerlos, así como de las condiciones ventajosas que se han conseguido de un despacho de abogados de referencia nacional por los casos que han defendido y de tasadores de Madrid sensibles a la realidad de lo acontecido con el volcán.

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