La erupción volcánica ha marcado un antes y un después en la isla de La Palma, sobre todo para los vecinos del Valle de Aridane que vieron cómo sus propiedades eran desbastadas por la lava. Ante esta situación, plataformas de afectados han alzado la voz para denunciar que las administraciones conocían las altas probabilidades que existían de que los episodios de enjambres sísmicos, que se venían sucediendo desde 2017, culminaran en una erupción. «Lo sabían y no nos lo dijeron» es una frase que se les ha podido escuchar en múltiples ocasiones.
Tal y como hemos venido informando en Onda Cero La Palma, los afectados ya han dado los primeros pasos para iniciar un proceso de reclamación de responsabilidad patrimonial de las administraciones. Si esta demanda prospera, el procedimiento judicial no tendría precedentes: «Ante problemas inéditos, necesitamos soluciones inéditas», indicaron los afectados en la reunión informativa que mantuvieron el pasado 13 de abril.
«Está claro que nadie ha conseguido ganar al Estado por responsabilidad patrimonial» señalaba en los micrófonos de Onda Cero La Palma Óscar Martín, miembro de la Iniciativa de Apoyo Ciudadano a los Afectados por el Volcán de la isla de La Palma. Pero, «también es cierto que nunca se había producido una catástrofe de este tipo». Sobre si podría haberse evitado o no, Martín es claro al afirmar que la erupción no, perro sí las múltiples pérdidas patrimoniales, porque «se habría dejar de invertir en la zona, mucha gente no hubiera comprado o, al ser conscientes del riesgo, habrían asegurado sus propiedades».
Para que la demanda llegue a prosperar, los afectados no solo trabajan para reunir todos los documentos necesarios -entre ellos informes del PEVOLCA donde científicos pidieron que se grabaran reuniones previas a la erupción-, documentos gráficos, sonoros, vídeos, documentación escrita donde se refleja que las administraciones eran conocedoras del riesgo, pero «para que no cundiera el pánico, no informaron a la población».
Así, los afectados ya han conseguido contactar con un despacho de abogados de referencia nacional, por los casos que han defendido y de tasadores de Madrid sensibles a la realidad de lo acontecido con el volcán, para poder plantear la mejor acción posible de reclamación patrimonial de lo perdido. Durante estos meses, la Iniciativa Ciudadana ya ha trabajado con ellos desde Madrid con objeto de conseguir que pudieran entender la dimensión de la catástrofe, las peculiaridades de la zona afectada y de sus propietarios, de forma que tanto las tasaciones de las propiedades perdidas como las acciones judiciales a emprender se correspondieran y diesen certidumbre a la realidad de los afectados.
