La familia de un agricultor palmero afectado por la erupción del volcán Tajogaite ha conseguido el respaldo de la Justicia, el Congreso de los Diputados y el Defensor del Pueblo para que se reconozca la continuidad de la prestación por cese de actividad como autónomo mientras las plataneras replantadas comienzan a dar frutos. Esta histórica decisión reclama una reforma urgente del Real Decreto que regula las ayudas a agricultores afectados por catástrofes naturales en La Palma.
Patricia Suárez, graduada social de El Paso, ha luchado durante dos años para que a su padre, pequeño agricultor, se le reconozca el derecho a seguir percibiendo esta prestación extraordinaria, negada inicialmente tras la replantación de una nueva platanera en sus fincas afectadas por la lava. La diferencia entre sembrar y obtener ingresos por la cosecha, que en el caso del plátano puede tardar más de un año, no fue inicialmente considerada por la Seguridad Social.
En septiembre de 2024, una sentencia del Juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife le dio la razón a esta familia, reconociendo el derecho a percibir la ayuda económica desde julio de 2023, a razón del 70% de la base mínima de cotización, hasta la obtención de ingresos por la nueva cosecha. A este fallo judicial favorable se suman la recomendación del Defensor del Pueblo y la aprobación unánime de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que insta al Gobierno a modificar la normativa vigente para extender esta prestación a agricultores en circunstancias similares.
Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, emitió en abril de 2025 una recomendación a la Secretaría General de la Seguridad Social para que se adapte la normativa y se proteja a los agricultores afectados no solo por el volcán Tajogaite sino también por cualquier catástrofe natural, garantizando la continuidad de las ayudas durante el proceso de recuperación.
Por su parte, la Comisión de Trabajo del Congreso respaldó por unanimidad la propuesta presentada por la diputada Cristina Valido, que pide al Gobierno estatal que la prestación se mantenga mientras el agricultor haya replantado y espere la primera cosecha, reconociendo que sembrar y recoger no son actividades inmediatas ni equivalentes.
Aunque la Seguridad Social reconoció en un informe remitido al Defensor del Pueblo la justicia de la reclamación, la modificación del real decreto sigue pendiente de decisión en el Consejo de Ministros.
La familia Suárez ha atravesado numerosos obstáculos burocráticos y administrativos durante estos años, desde la inaccesibilidad a sus fincas tras la erupción en septiembre de 2021, hasta la denegación de la prestación y la falta de subvenciones para la replantación, que solo llegó en 2023. Actualmente, solo dispone del 25% del terreno original, el resto sigue sepultado bajo la lava.
Además, permanecen sin pagar las ayudas por pérdida de renta correspondientes a 2024 y las indemnizaciones para la reconstrucción de fincas agrarias, a diferencia de las ayudas destinadas a viviendas afectadas.
Patricia Suárez denuncia que esta lucha ha sido solitaria y agotadora, a pesar del apoyo recibido de asociaciones como ATA, APAR y Comisiones Obreras, y hace un llamamiento a quienes puedan estar en situaciones similares para que contacten con ella a través del teléfono 617 83 53 47.
“Este caso es un claro ejemplo de que la burocracia sigue primando sobre el apoyo real a los afectados por el volcán”, concluye Patricia, que confía en que la próxima reforma normativa garantice de forma definitiva la protección de los agricultores palmeros en esta situación.
