Fiscalía recurre y pide demoler Los Tarajales y condena para todos los implicados.

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La acusación pública del ‘Caso Tarajales’ ha recurrido ante la Audiencia Provincial la sentencia del juzgado Penal 7 que «tan sólo» condenaba a siete años de inhabilitación al actual alcalde en funciones de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez». En su escrito, hecho público en su edición de hoy por el periódico El Día, solicita condenas para todos los acusados que fueron exculpados en primera instancia, así como la demolición del edificio.

Asimismo, señala que la eliminación de la edificación es «inevitable», por lo que solicita incluso indemnizaciones a favor de aquellos compradores de apartamentos que lo realizaran «de buena fe».

El fallo en primera instancia de Mónica Hernández Estruch sólo condenaba a Ángel Pablo Rodríguez Martín, «como autor penalmente responsable de un delito de prevaricación y a la pena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con las consecuencias previstas en el artículo 42 del Código Penal, concretadas en la privación definitiva de su condición de Alcalde en el momento en el que se declare la firmeza de la presente resolución. Asimismo, se decreta la incapacidad de obtener dichos cargos durante el tiempo de la condena en otro caso, con obligación además de pagar una sexta parte de las costas procesales».

En esa sentencia se absuelve a José Antonio Martín Castillo, Juan Miguel Rodríguez Acosta, Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y Rosendo Luis Brito del delito contra la ordenación del territorio del que venían siendo acusados.
En el escrito de recurso, según señala El Día, el fiscal indica que «se ha incurrido en infracción de normas de ordenamiento jurídico (…), interesando su revocación para que conforme los hechos probados se dicte sentencia condenatoria» respecto a todos los acusados e incluyendo el delito de prevaricación urbanística, «o en su caso, de forma alternativa», se determine «la nulidad» de la sentencia «para la devolución de las actuaciones al órgano enjuiciador para el dictado» de un nuevo fallo.

El fiscal muestra su plena conformidad «con la extensa, exhaustiva e incluso en ocasiones desbordada relación de hechos probados de la sentencia», pero en numerosos episodios de su recurso reconoce «no comprender» cómo la jueza «omite pronunciamientos», comete «errores de valoración», o hace «una interpretación errónea del tipo penal».

Para el Ministerio Fiscal, los hechos probados dejan en evidencia que los acusados, en su condición de alcalde, concejales y el arquitecto municipal, acordaron e informaron a favor de la licencia al edificio en litigio «en terrenos que tras sentencias judiciales definitivas y firmes, se encontraba dentro de la servidumbre de protección marítimo terrestre de 100 metros, en donde estaban prohibidos los usos residenciales y comerciales (…), con una evidente conducta prevaricadora en el ámbito urbanístico».

Por ello, el fiscal expone que el fallo del Penal 7 «incurre en quebrantamiento del precepto legal, así como en error de valoración de la prueba».

También hace unos días, las sociedades Inversiones Insulares Cock e Isla Bonita, que concurrieron en el juicio del caso ‘Los Tarajales’ como acusación particular, anunciaron también el recurso a la sentencia del mismo al considerarla «una pantomima».

El empresario vasco César Gil es el representante de ambas sociedades que han presentado los recursos ante la Audiencia Provincial solicitando mayores penas para el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, y que se condene al resto de acusados, que fueron absueltos en primera instancia. En ese recurso exoneran al exconcejal José Antonio Martín Castillo.

En los recursos se pide que la condena del alcalde se eleve de 7 a 10 años de inhabilitación y una pena de prisión de 18 meses, al considerar que la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 «no es ajustada a derecho» y en ella se obvian los pronunciamiento.