La comarca noroeste denuncia las limitaciones impuestas por el Cabildo para el desarrollo de las zonas rurales

Los ayuntamientos de Tijarafe, Puntagorda y Garafía advierten al Cabildo de "una grave injerencia" al imponer un modelo de protección del paisaje que ignora sus PGOs y la Ley de las Islas Verdes

Los alcaldes de los ayuntamientos de Tijarafe, Puntagorda y Garafía, Marcos Lorenzo, Vicente Rodríguez y Yeray Rodríguez, respectivamente, han expresado su total rechazo al posicionamiento y a la decisión unilateral del Cabildo Insular de La Palma de realizar una propuesta para limitar, aún más, la actividad turística y de la agricultura en sus zonas de medianías, en base a un informe denominado ‘Viñedos de La Palma. Singularidad territorial y admisibilidad turística’.Dicho informe, elaborado por los servicios técnicos de la Consejería de Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma, fue presentadola semana pasadaen el Museo Arqueológico Benahoaritatotalmente a espaldas de los municipios afectados, en este caso Tijarafe, Puntagorda, Garafía y Fuencaliente.

Para los regidores locales, el Cabildo ha cometido una «grave injerencia no solo en el ámbito competencial de nuestros municipios en el marco de desarrollo de nuestros planes generales de ordenación, en cuya aprobación nuestros ayuntamientos fueron pioneros, sino cuestionando la propia Ley de las Islas Verdes, que impulsa el desarrollo turístico junto con el desarrollo del sector primario», permitiendo expresamente el uso turístico del suelo rústico.

En un comunicado conjunto, los alcaldes de los tres ayuntamientos de la comarca noroeste apelan a «la responsabilidad del presidente y del vicepresidente del Cabildo Insular de La Palma, Mariano Hernández Zapata y José Adrián Hernández Montoya, a la hora de hacer respetar la autonomía de los ayuntamientos y a la norma de rango superior, de ámbito regional», en referencia a la Ley de las Islas Verdes.

Sobre esta ley, que entró en vigor en marzo de 2019, subrayan que «vino a introducir una regulación singular urbanística dentro de la generalidad, para dar oxigeno a las zonas rurales más deprimidas, con mayor perdida de población, en gran parte por el abandono que hemos venido sufriendo en materia de inversión tanto en lo referente a las comunicaciones y el transporte, como por la falta de políticas de protección y promoción del modelo de vida en el medio rural».

Se preguntan los alcaldes Marcos Lorenzo (CC), Vicente Rodríguez (PSOE) y Yeray Rodríguez (PSOE), «cuándo decidió el Cabildo, en base a qué parámetros y con qué confluencias, ignorar las competencias otorgadas por ley a los municipios, pasando por encima de la normativa de los planes de ordenación del territorio de cada uno de nuestros ayuntamientos y de la propia Ley de las Islas Verdes, que vino a auxiliar a las islas menores con un modelo de desarrollo turístico distinto del de sol y playa, basado en la potenciación del suelo rural y en el paisaje, concibiendo este último como equipamiento complementario de la actividad turística».

Los alcaldes de la comarca noroeste afean al Cabildo no haber siquiera comunicado sus intenciones de «reinventar ahora, en un acto de invasión de competencias, un modelo que quiere aparentar la protección de un paisaje que precisamente se ha protegido desde el trabajo diario de estos ayuntamientos, y que ahora se presenta con una formulación que inhibe a nuestros vecinos y vecinas de un desarrollo turístico como elemento complementario de la agricultura y de su economía, generador de una posibilidad de crecimiento económico como herramienta para fijar población a nuestra comarca y mejorar su calidad de vida».

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