Los científicos avisaron el 18 de septiembre de «una erupción inminente»: ¿Qué color establece el PEVOLCA para este riesgo?
Este jueves 26 de mayo intervenía en el Parlamento de Canarias la directora del IGN en Canarias, María José Blanco, explicando en relación al cambio de semáforo de riesgo volcánico, lo que el Comité Científico había observado y transmitido al Comité de Dirección los días y horas previos a la erupción volcánica. «El color del semáforo no lo pone el Comité Científico, sino el Comité de Dirección. Lo que sí recoge el informe del Comité Científico del día 18 de septiembre de 2021 es que la erupción es inminente», afirma Blanco, sugiriendo a los presentes consultar en el PEVOLCA el color correspondiente a este adjetivo.
Según el DECRETO 112/2018, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA), la erupción inminente va vinculada al semáforo naranja:
«La alerta máxima se realizará con una predicción a muy corto plazo y es una acción que
tiene por objeto inducir de forma inmediata al que la recibe a tomar medidas que le protejan de los riesgos o amenazas a los que está expuesto. En esta situación se lleva a cabo la evacuación preventiva de la población, siendo esta situación declarada por el Director/a del PEVOLCA.
En esta situación los registros de sismicidad, deformación del terreno y datos geoquímicos advierten de una erupción inminente. El Comité Científico informará a la Dirección del Plan de la necesidad de tomar acciones inmediatas de protección para los habitantes de las zonas determinadas como más probables de recibir impacto. También se declarará esta situación en caso de erupción volcánica sin riesgo para la población.
La declaración de esta situación se remitirá por el CECOES 1-1-2, CECOPINES y CECOPALES, a través de los medios que estimen oportunos los Organismos y Entidades del Plan. El cambio a situación de alerta máxima traerá consigo el cambio al semáforo naranja, estando todos los servicios operativos listos, emitiéndose avisos y comunicados a las instituciones que corresponda y orientaciones de autoprotección a través de los medios establecidos por el Gabinete de Información. Se hace llegar a las poblaciones de riesgo directo las órdenes de inicio de la evacuación preventiva si pueden verse afectadas por la erupción.
Los medios de extinción pertenecientes a los Operativos de Incendios Forestales permanecerán en situación de disponibilidad absoluta para hacer frente, en primera instancia, a los incendios que se produzcan.
La población recibirá información permanente a lo largo del día, transmitiéndoles seguridad y permitiendo capacidad de reacción ante el posible cambio de las condiciones, en los lugares establecidos de información y apoyo. El Cabildo Insular en coordinación con los ayuntamientos afectados tiene la competencia de la dirección de esta situación de alerta máxima a través de sus correspondientes Planes de Emergencias».
En lo que se refiere a la monitorización del enjambre sísmico que se había intensificado los días previos a la erupción, Blanco señala que «el día 12 de septiembre el cambio de panorama es importante y el día 13 de septiembre ya era una cantidad enorme de terremotos con una característica diferente y con una profundidad de 12 kilómetros. Según la Geología, a partir de estas profundidades lo más normal es que las erupciones puedan terminar en superficie».
Sin embargo, el día 19 de septiembre el semáforo se mantuvo en amarillo y, en palabras del Presidente del Cabildo Insular de La Palma, esta decisión se tomó porque «nada hace indicar ni nadie nos puede decir en un espacio temporal en el que se pudiera producir una erupción volcánica y, por tanto, no estamos todavía en el momento de pronunciarse el propio Comité Científico sobre un cambio de nivel».
No son estas las únicas declaraciones de la directora del IGN en Canarias ni de otros científicos que han monitorizado la erupción volcánica en la Isla de La Palma, las que han causado revuelo, sobre todo entre los afectados por el volcán, que las usan como sustento para agarrarse a la responsabilidad patrimonial de la administración, recogida en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, lo que permite al ciudadano «exigir por los daños o lesiones que sufra como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, ya sean estos de la Estatales, de Comunidad Autónoma o de Ayuntamiento».
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