El Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado hoy no admitir a trámite la querella presentada por la asociación Liberum contra el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, por la supuesta comisión de un delito de prevaricación y acordar que fuera obligatorio presentar el certificado de vacunación o un test negativo para acceder a restaurantes, gimnasios y otros servicios. Esto se produce tras el acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2021
La querella fue presentada en septiembre donde el colectivo reclamaba que el presidente no defendía los derechos y la libertad de la ciudadanía canaria por imponer este tipo de restricciones en estos sectores de ocio. La misma acusaba a Torres de «haber prevaricado, de coaccionar a los ciudadanos para que se vacunaran y de incitar al odio hacia aquellas personas que han decidido no inmunizarse», como argumentaban desde Liberum.
Y es que el auto del supremo dictamina que la presentación de la documentación no vulnera el derecho de igualdad porque no discrimina entre vacunados y no vacunados. además, se añade que no se vulnera ni el derecho a la intimidad ni la protección de datos ya que la información de la vacunación es vital para contener la pandemia.
Es por ello que concluyen que las acciones tomadas por Torres han sido con la finalidad de frenar el virus en las islas.
