Voces a favor y en contra de instalar la primera desaladora de la isla en Fuencaliente

La noticia de la posible instalación de una desaladora en la costa del municipio de Fuencaliente ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la necesidad o no de que La Palma cuente con este tipo de infraestructuras como una de las soluciones a la escasez de agua en la isla.

Recientemente se ha conocido que el Ayuntamiento de Fuencaliente encargó un estudio que contemplara la viabilidad energética y económica de la ubicación de una desoladora en la zona de Las Cabras, una decisión que, tal y como explica Gregorio Alonso en los micrófonos de Onda Cero La Palma, se tomó al atravesar el municipio una crisis hídrica en el periodo 2020-2021. Fuencaliente cuenta con tres hectáreas de plátanos que generan la actividad económica más importante del municipio y que, además, necesita diariamente entre 1200 y 1400 pipas de agua por hora. Tras dar solución a la red de abastecimiento, que pasó por hacer un trasvase de agua desde El Paso, “no nos podíamos quedar de brazos cruzados, porque sin agua no hay crecimiento en los sectores agrícola y turístico”, afirma.

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Fuencaliente, Celia Santos, a raíz de unas declaraciones de Juan Ramón Felipe, consejero de Aguas del Cabildo de La Palma, en las que se refería a esta instalación, solicitaba a principios del mes de marzo explicaciones al gobierno municipal, ya que “no informa no solo al resto de concejales sobre sus planes, sino, lo que es más preocupante, a las vecinas y vecinos de Fuencaliente”. Cabe recordar que el consejero y responsable del Consejo Insular de Aguas también apuntó, en una entrevista concedida a este medio el pasado 20 de febrero, que el Cabildo de La Palma planeaba la instalación de dos desaladoras en la isla, una modular y otra que ya se ubicó en su momento en Puerto Naos y que ya se ha solicitado al Gobierno de Canarias que se devuelva. “Se ha comprobado que funcionó -cuando se instaló durante y posteriormente a la erupción- y queremos tenerla como complemento a los pozos, galerías, túnel de trasvase y la propia agua de lluvia”, declaraba. 

Santos también apuntaba en nota de prensa que “es hora que el alcalde de la cara y explique a la ciudadanía cuál es la postura del Ayuntamiento con respecto a esta potencial infraestructura que iría instalada en nuestra costa”. En este sentido, Alonso, en declaraciones a este medio, indicó que este estudio fue encargado la pasada legislatura en la que Santos era concejal en el Ayuntamiento de Fuencaliente y se muestra tajante al afirmar que «es posible que cuando se instale la desaladora, ni siquiera yo sea ya alcalde, pero es mi obligación dejar el municipio preparado para el futuro y en eso estoy trabajando”. 

Alonso: “No me llevo por ninguna asociación ni colectivo, sino por lo que dice el Consejo Regulador de Aguas”

El Consejo Insular de Aguas y Ayuntamiento de Fuencaliente se han sentado a hablar para establecer “la hoja de ruta que permita la instalación de esta planta desaladora en terrenos antropizados y fuera de zonas con cualquier tipo de protección del suelo o medioambiental”. 

Desde el Consejo Insular de Aguas se hace hincapié en que los posibles emplazamientos están ubicados en una zona de potencial eólico y fotovoltaico de primer orden, que albergaría una instalación sostenible energéticamente y que permite también la elevación de las aguas desaladas hacia la red de distribución o almacenamiento. Esta es, además, una acción que cuenta con el respaldo de la Comunidad de Regantes de Fuencaliente y que “facilita también posibles futuras actuaciones para el aprovechamiento de esa agua para generar también más recursos energéticos”, tal y como se indica en nota de prensa. 

Sin embargo, la Asociación Agua para La Palma ya ha denunciado públicamente la “irresponsable locura política” que supondrá la futura instalación de esta planta en Fuencaliente. Para este colectivo ciudadano, esta decisión de las Administraciones públicas carece de justificación precisamente en la isla canaria con mayores recursos de agua subterránea y mayor pluviometría, al tiempo que “se ignoran de manera deliberada” las alternativas más económicas, sostenibles y ajustadas al caso”, es decir, la reparación del canal LP1 para reducir las pérdidas de agua en su transporte hasta el sur, así como el arreglo y, en su caso, reperforación, del túnel de trasvase para aumentar el caudal de agua pública disponible. Además, la asociación lamenta que el consistorio no haya hecho aún público este estudio pese a que fue elaborado en 2021, y desde entonces mediaron incluso unas elecciones locales, “actitud que va contra la transparencia y la participación ciudadana”. Del mismo modo,  denuncia que este documento incumple la obligación legal de analizar las diferentes soluciones posibles para resolver el abastecimiento de agua de este municipio.

Para esta asociación, este proyecto es una muestra más de la política “continuista” que se pretende amparar con la propuesta de nuevo Plan Hidrológico Insular. Un documento del Consejo Insular de Aguas que “no va a la raíz de los problemas sino que crea una ficticia escasez del agua, vinculándola además de forma torticera a la sequía por el cambio climático, y no a la mala gestión de todos los partidos políticos que son manejados como títeres por intereses particulares en el mercado especulativo con el agua”.