El sector agrario «asfixiado» se manifiesta en La Palma

Reclaman que las instituciones públicas deben respaldar y acompañar el crecimiento de la agricultura y la ganadería, no obstaculizar ni asfixiar la voluntad de crear empleo en un sector fundamental que produce alimentos.

El sector agrícola de La Palma se ha manifestado este viernes, 1 de marzo, en Santa Cruz de La Palma, sumándose a las reivindicaciones de los agricultores europeos. La Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos (ASPA) ha comunicado que han sido 2500 las personas congregadas en la capital de la Isla, mientras que la Policía Nacional reduce el número a 700 manifestantes, que han querido mostrar su «absoluto rechazo a la actual política Agraria Común cada vez más restrictiva, reguladora y limitante» y demandar «unas rentas dignas para garantizar el futuro de la actividad que produce alimentos».

Miguel Martín, presidente de ASPA adelantaba hace unos días a este medio que la situación es «calamitosa» y que, de seguir así «no habrá relevo generacional». Ante estas circunstancias, este viernes han salido a la calle para pedir al Gobierno de España y a la Unión Europea producir con las mismas reglas, «exigiendo a las importaciones de terceros países idénticas normas de calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente que a nosotros para que no sigan ejerciendo una competencia desleal con nuestras producciones». Además de aumentar los controles en los puertos y aeropuertos a las mercancía de fuera.

Del mismo modo, solicitan paralizar la puesta en marcha de la conexión marítima de mercancías entre Fuerteventura y el puerto de Tarfaya en Marruecos, «dado el riesgo de entrada de plagas y enfermedades ganaderas, así como de productos alimentarios tratados con materias activas prohibidas en Europa». Además de aplicar y reforzar la Ley de la cadena agroalimentaria para conseguir unos precios dignos y para mejorar la capacidad de negociación dentro el mercado agroalimentario. También buscan mantener el modelo voluntario del Cuaderno Digital de Campo más allá de 2027.

Respecto a la legislación vigente, reclaman modificar el artículo de la Ley General de Subvenciones, que exige el cumplimiento de la Ley de Morosidad que penaliza al sector primario.

Mientras que al Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos solicitan el impulso de la ejecución de infraestructuras hidráulicas y seguir implantando el uso de aguas regeneradas para asegurar en cantidad y calidad este recurso, «dada la situación de sequía extrema que vivimos sin entrar en enfrentamientos políticos». Cabe recordar que el pasado 22 de febrero, este digital publicaba que la balsa de La Laguna de Barlovento se encuentra actualmente al 3% de su capacidad, lo que, entre muchas otras circunstancias, llevó al Cabildo de La Palma a convocar la mesa de la sequía.

A estas instituciones, también han pedido agilizar la tramitación de ayudas y expedientes reforzando la digitalización interna de la administración y la mejora de la eficiencia de los equipos humanos para resolver con celeridad el pago de las ayudas y no asfixiar económicamente a los productores. Así como actualizar las cuantías y los costes de referencia de las ayudas POSEI para que se adapten a los costes de producción reales. Además de incorporar nuevas líneas en el POSEI ganadero como una ayuda a la recría de razas autóctonas en peligro de extinción ovino-caprino, además de fomentar y ayudar a los cultivos forrajeros locales.

Adoptar medidas urgentes en el sector platanero, «actualmente sumido en una crisis por la elevada producción de 2023 y los bajos precios, para reformar el diseño de las ayudas, limitar la entrada en el sistema de nuevas plantaciones y topar la producción por hectárea con derecho a ayuda»; simplificar la carga burocrática y agilizar las tramitaciones administrativas a los productores para no frenar las inversiones ni el emprendimiento en la actividad agraria, son otras de las reclamaciones, ya que entienden que «las instituciones públicas deben respaldar y acompañar el crecimiento de la agricultura y la ganadería, no obstaculizar ni asfixiar la voluntad de crear empleo en un sector fundamental que produce alimentos».

También reclaman que se reconozca el papel del agro en el medioambiente, pues «el sector agrario es el principal actor en el territorio y cualquier estrategia que se desee plantear en el mismo debe contar con su participación. Ello se ha puesto de relevancia de manera especial en el caso de los incendios recientes». Así mismo, buscan establecer un calendario en firme para la entrada en vigor del Reglamento regulador de los usos agrarios y usos complementarios y de las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSAs), así como establecer una estrategia de gestión de la materia orgánica y de medidas para el fomento del pastoreo, con un programa de compensaciones al sector agrario por la función medioambiental que realiza.

Entre sus peticiones también está el reforzar la vinculación entre el sector agrario, la restauración y la hostelería para impulsar la presencia del producto local mediante algún tipo de incentivo fiscal para este tipo de establecimientos e incorporar a jóvenes al sector agrario «para aumentar nuestra soberanía alimentaria», fijar población en las zonas rurales y asegurar un futuro para el sector agrícola y ganadero de Canarias, de sus paisajes y tradiciones. «Es necesario un plan estructural de rentabilidad y atractivo inversor para el sector agrario», reclaman.

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