NC en Tazacorte exige recuperar las 100 viviendas perdidas por la «incompetencia» del Gobierno de Canarias
El portavoz del grupo municipal de Nueva Canarias – Bloque Canarista (NC) en el Ayuntamiento de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez Acosta, ha registrado una moción institucional para su debate en el próximo Pleno, enfocada de manera prioritaria en la defensa de la vivienda pública y el alquiler asequible.
Juan Miguel Rodríguez denuncia con dureza la “pérdida de la financiación europea destinada a la construcción de 100 viviendas sociales” en el municipio. A pesar de que el Ayuntamiento cumplió de forma rigurosa cediendo el suelo público necesario, el Gobierno de Canarias paralizó su adjudicación al incumplir con los plazos previstos, viéndose obligado a devolver los Fondos Next Generation a la Unión Europea.
Rodríguez Acosta califica la situación de «inadmisible» en un municipio mayoritariamente de gente trabajadora con rentas bajas, duramente golpeado por la crisis socioeconómica y los efectos habitacionales de la erupción volcánica. «No podemos permitir que los errores de gestión de la Consejería de Vivienda condenen a nuestras familias a la exclusión residencial», afirma el portavoz.
La propuesta articulada por Nueva Canarias exige que el pleno municipal apruebe las siguientes medidas de choque:
- Exigencia de restitución de fondos: Instar formalmente al Gobierno de Canarias a reponer, con fondos propios del presupuesto autonómico o con los fondos transferidos por el Estado para el Plan de Vivienda, la partida equivalente a la financiación europea perdida, garantizando la licitación y ejecución inmediata de las 100 viviendas proyectadas.
- Declaración de Zona Tensionada: Solicitar la declaración de Tazacorte como zona de mercado residencial tensionado, para aplicar de forma efectiva los topes a los precios del alquiler establecidos en la Ley de Vivienda.
- Regulación del alquiler turístico: Suspender temporalmente la concesión de licencias para viviendas vacacionales hasta que el municipio cuente con una ordenanza reguladora que proteja el derecho residencial básico de los vecinos.
- Oficina Municipal de Vivienda: Crear un servicio técnico local de asesoramiento vecinal frente a los abusos en los precios de los alquileres y para coordinar las ayudas de emergencia.
